Después de siete años de ser procesado por robo y posterior destrucción de estupefacientes provenientes de secuestros en Secretaría Nº 5 del Jugado Federal, finalmente el próximo 20 de marzo comenzará el juicio al ex empleado Rogelio Videla Hadad, acusado del delito.
El caso que revolucionó las salas del Juzgado en 2011 comenzó cuando Videla Hadad cayó detenido después de que autoridades notaran un gran faltante de drogas, provenientes de secuestros que la Secretaría realizaba, en investigaciones relacionadas con el narcomenudeo llevadas a cabo en San Juan.
Según confirmaron fuentes Judiciales a Diario La Provincia SJ, el acusado sacaba del Juzgado los estupefacientes y los vendía a un tercero. A raíz de varios planteos defensivos, se logró un cambio de la calificación y sólo quedó la figura de destrucción de elementos destinados a servir de prueba, según lo establece el artículo 255 del Código Penal.
Sin embargo el caso desentraña una particular relación con el entorno de la bebé Uma Calvo Carrizo, de tres meses quien recibió un disparo en la cabeza el 4 de enero del 2014, a causa de un enfrentamiento entre bandas en el barrio Huarpes, en Pocito.
Es que ese tercero al cual la justicia logró identificar como el comprador de la droga que Videla Hadad habría ofrecido, era el propio abuelo de Uma, Pedro Guiñez, quien ya tenía antecedentes por comercio de estupefacientes.
Videla Hadad se desempeñaba como instructor en la Secretaría Penal Nº 5 del Juzgado Federal y, según señalaron, pertenecía al gremio de judiciales, el único que no era abogado de los empleados de la secretaría.
Consultada por el caso, su defensa constituída por la abogada Sandra Leveque, selañó que la notificación de fecha de juicio llega para terminar una larga espera, en la que el acusado de cometer el delito podrá argumentarse.
"Allí la falla consistió en la mala custodia de los materiales que se secuestraban en las diversas causas, como por ejemplo el dinero secuestrado que no era depositado en Banco Nación como corresponde, sino que quedaba en las oficinas del Juzgado o en la caja fuerte a la cual accedía quien tenia la llave de ella", aseguró Leveque.
Las fuentes también señalaron a este medio que en esa causa vincularon a la ex secretaria de la secretaría en cuestión, María Paula Carena, a quien, a lo largo de los siete años, la Cámara de Mendoza declaró su acción extinguida por prescripción.
