Con 14 presidentes o vicepresidentes actuales o retirados presos o condenados en primera instancia o procesados o investigados, 2017 fue el año en el que la lucha contra la corrupción dejó mayores huellas en los niveles más altos de gobierno en América latina.
Este año cayeron presos el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, el ex presidente de Perú Ollanta Humala y el ex vicepresidente de la Argentina Amado Boudou, y fue condenado a prisión en primera instancia -por lo que aún no la cumple efectivamente- el ex mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
El caso más reciente es el de Glas, a quien la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana condenó el miércoles pasado a seis años de prisión por considerarlo parte de una asociación ilícita que recibió 33,5 millones de dólares en sobornos a cambio de asignar obras públicas a la constructora brasileña Odebrecht.
Boudou fue encarcelado el 3 de noviembre, luego de que le dictara prisión preventiva el juez Ariel Lijo, quien lo investiga por la presunta comisión de lavado de activos en el caso de la adquisición irregular de la imprenta Ciccone.
Humala está en la cárcel desde el 14 de julio. La justicia le impuso prisión preventiva por 18 meses mientras investiga si efectivamente incurrió en asociación ilícita y lavado de activos.
Él y su esposa, Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista Peruano (PNP) que ambos fundaron, están acusados de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011, entre otros hechos.
El 12 de julio, Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por el juez a cargo de la operación Lava Jato -la investigación del multimillonario desvío ilegal de fondos de la petrolera estatal Petrobras a través de empresas contratistas-, Sérgio Moro, quien lo halló culpable de corrupción pasiva y lavado de activos. Sigue libre mientras la sentencia no esté firme.
Lula, que también está procesado en otras cuatro causas, se convirtió en el primer ex presidente brasileño condenado por recibir sobornos.
También se le dictó prisión preventiva al ex presidente peruano Alejandro Toledo, quien permanece en Estados Unidos. Ex ejecutivos de Odebrecht declararon que le pagaron sobornos por 20 millones de dólares.
Como Toledo no volvió a Perú, el gobierno lo incluyó en la lista de los más buscados del país, ofreció una recompensa para quien aporte datos que ayuden a detenerlo, libró una orden internacional de captura y pidió su extradición a Estados Unidos.
La ex presidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner fue procesada este mes por traición a la patria y encubrimiento agravado de los autores del atentado a la AMIA. El juez Claudio Bonadio pidió al Senado el desafuero de la acusada, para poder encarcelarla preventivamente.
El 30 de noviembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero -y le agregó admisión de dádivas- que Bonadio había dispuesto en abril, cuando además dispuso que se le embargaran bienes por más de 74 millones de dólares.
El 13 de septiembre renunció el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, acusado de haber utilizado la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Ancap -que presidió antes de ocupar el último cargo- para pagar consumos personales.
Sendic ya había sido cuestionado en 2016 por sus gastos en los viajes oficiales como vicepresidente y por descubrirse que fingía un título universitario que no tenía.
Asimismo, el presidente de Brasil, Michel Temer, sorteó una iniciativa para someterlo a juicio político y será investigado a partir de 2019, una vez que termine su mandato, luego de que empresarios lo acusaran de pedir contribuciones ilegales para su partido.
El aluvión anticorrupción podría llevarse puesto al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, si prospera una moción de destitución propuesta por la mayoría fujimorista del Congreso que será votada la semana próxima.
Otro ex presidente de Perú, Alan García, es investigado por la Fiscalía Antilavado, ante la existencia de indicios de que lideró una red que desde 1991 blanquea activos provenientes de hechos de corrupción.
En Brasil, además, ejecutivos de empresas que se convirtieron en colaboradores de la Justicia tras ser encarcelados mencionaron por diversos delitos -sobre todo, financiación ilegal de campañas- a los ex presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Dilma Rousseff.
A todos ellos pueden sumarse otros ex mandatarios presos o condenados con anterioridad a este año en la región.
El ex presidente argentino Carlos Menem fue condenado en 2015 a cuatro años y medio de prisión por peculado, pero sigue ejerciendo como senador mientras la sentencia no esté firme.
En Guatemala, el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti están presos por corrupción desde 2015, tras renunciar antes de que finalizaran sus mandatos.
Y en Perú, el ex mandatario Alberto Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y el ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez, de 96 años, estaba procesado desde 2015 por delitos de lesa humanidad.
Fuente: Télam
