Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan -UISJ-, dijo que no hay una situación generalizada de empresas que estén levantando sus actividades en la provincia. Pero el dirigente empresarial advirtió "algunas empresas se van a ir”. Fernández manifestó desconocer quienes son los empresarios que decidieron no continuar su actividad en San Juan. La finalización del régimen de Promoción Industrial y el contexto económico en algunas actividades son los factores que complican a las industrias locales según los empresarios.
"No es una situación que vaya a involucrar a las 100 empresas que estaban con régimen de Promoción Industrial. Es muy difícil decir un porcentaje de la cantidad de empresas que se vayan a ir porque es una decisión que las empresas manejan en forma muy reservada”, comentó el dirigente empresarial. Fernández recordó que 70 empresas que gozaban de la Promoción Industrial tienen un litigio con la Afip, pero la Corte de Justicia ya falló a favor de una empresa de San Luis que será un caso testigo para otras empresas logren una sentencia similar.
La Afip reclamaba diversos montos a los empresarios como pago de impuestos, mientras que los beneficiarios sostenían que el cupo de beneficios promocionados debía actualizarse luego de la devaluación de la crisis de los 2001 -2002. Fernández consideró que la decisión judicial era una respuesta para el pasado de las empresas.
"En la medida que no se atiendan algunas necesidades de empresas casos vamos ir viendo casos de industrias que cierran. Siempre que me han consultado he hablado de un efecto de goteo que si no se detiene continuará hasta que se llene el vaso. Cerrar una fábrica nos es proceso fácil como tampoco lo es instalarla, que los empresarios deben decidir”, expresó Fernández a Diario La Provincia. El vicepresidente de UISJ consideró que algunas empresas lograron asistencia financiera para adquirir maquinarias pero otras tienen necesidades de bajar los costos operativos de producción.
Durante estos días trascendió la difícil situación de Electrometalúrgica Andina que no puede afrontar los costos de energía para producir. También una empresa despidió a 18 trabajadores y a justicia embargó el terreno de la empresa como garantía de pago de las indemnizaciones.
