La semana pasada se conoció que Nación, a través del Programa Federal Casa Propia, avaló con la no objeción técnica para que se edifiquen 389 viviendas en el departamento Santa Lucía, en las que se relocalizará a las familias de los asentamientos Pedro Echagüe que ya fueron censadas. Sin embargo, ya se conocieron maniobras en redes sociales de quienes vivirían en el lugar que venderían o alquilarían casas, con la promesa de que podrían recibir una vivienda de IPV. El organismo oficial, en ese sentido, fue claro.
"Son inconvenientes que ya hemos tenido con otros asentamientos y en la previa de otras relocalizaciones. Ese espacio en el que viven no lo pueden vender o traspasar a otra persona o familia", destacó el director de IPV, Marcelo Yornet a Diario La Provincia SJ.
En ese sentido, Yornet afirmó cuál es la acción y la decisión que el organismo toma. "Cuando la persona que pagó por una casa o habitación en el terreno de un asentamiento a la espera de ir a un barrio, viene a reclamar por lo sucedido a IPV. Cuando comprobamos que se realizó esa operación tanto la persona que vendió como la que compró se quedan sin posibilidad de tener una casa a través de IPV. Son excluidos del padrón y de la lista de beneficiarios", expresó.
Confirmó que ya se realizó el censo de las familias que residen en el asentamiento, "con datos de cada integrante de la familia con lo que, si hay más familiares que decidieron ir a vivir al asentamiento, deberán compartir la misma casa".
Tomando como referencia lo que sucedió en asentamientos en Pocito y con familias damnificadas por el terremoto en esa zona, destacó que "apelamos a la conciencia de los mismos vecinos para que no permitan esas maniobras. Es que esto termina perjudicando a todos porque retrasa la relocalización, ya que no pueden quedar personas viviendo allí. Pedimos que cuiden su comunidad y su posibilidad de acceder a la casa propia y vivir de manera más digna y segura".
