La argentina tiene una deuda pendiente en cuanto reconocimiento de los pueblos originarios. Ante esto, una nueva ley nacional posibilita que cada provincia trabaje en relevar las comunidades que todavía viven en sus territorios y demarcar sus tierras.
En San Juan se estima que hay 35 comunidades huarpes, de las cuales solo 15 tienen o está por tener un reconocimiento, pero los pueblos diaguitas, que son solo cinco, hasta el momento no habían contado con este beneficio. A partir de este año, eso comenzará a cambiar ya que se ha puesto en funcionamiento un nuevo proyecto para revertirlo.
"Para ser consideradas comunidades, ya sea diaguita o huarpe que son las dos que tenemos en San Juan, tienen que descender de las poblaciones que habitaron en la época de la conquista o previamente. Es decir, tener una descendencia de generación en generación de las poblaciones antiguas. Por otro lado, las familias tienen que autoreconocerse actualmente como parte de pueblos originarios. A partir de ahí se tienen que organizar", contó a Diario La Provincia SJ Franco Gil, representante nacional de las Comunidades Huarpes de San Juan en el Consejo de Participación Indígena.
Actualmente hay cinco comunidades diaguitas, una en Sarmiento que no formará parte de esta primera etapa, y las otras cuatro en Valle Fértil: Chanampa (Sarmiento), Misipay (Astica), Cacique Pedro Caligue (San Agustín), La Majadita (en la localidad del mismo nombre) y Usno (también ubicada en la zona del mismo nombre).
"La organización implica el armado de un estatuto interno de funcionamiento que no es igual a la de las asociaciones civiles, sino que se hace en base a la cosmovisión indígena. La autoridad puede ser un cacique y puede tener un concejo de ancianos o un concejo de jóvenes. No se arman comisiones directivas con presidente, secretario y tesorero. Generalmente, se hace de acuerdo a las pautas culturales tradicionales de los pueblos originarios", agregó.
Si bien existen desde mucho antes de que se conformara la Argentina como tal, pueden cumplir con el trámite burocrático para ser reconocidas por el Estado. "Con ese estatuto se hace un censo familiar en donde se pone en planillas los datos de todos los integrantes de las familias. Se hace una reseña histórica del pueblo y la comunidad. Luego se arma una nota para abrir un expediente y solicitar una personería jurídica", detalló Franco. "Las comunidades indígenas, al ser preexistentes, es decir, que existen desde antes de que se generara el estado argentino inclusive, no es necesario que tengan una personería para existir. Solo hace falta que ellos se reconozcan como comunidad, y lo son por el solo hecho de compartir ciertas características, esto es una formalidad", añadió.
¿La nueva ley les entrega tierras a los pueblos originarios?
Suele haber una confusión con respecto a si a través de esta ley las comunidades recibirán el título de propiedad de tierras y la respuesta es que no, pero servirá para demarcar su territorio para así conseguir que no sean desalojados en un futuro.
"Esto es una ley nacional que ordena un relevamiento técnico, jurídico, catastral. No entrega propiedad y no se les va a dar tierra a la gente. Lo que hace es demarcar las tierras que tienen actualmente en posesión. Cuando uno habla de tierras ancestrales, todo el territorio argentino ha sido ocupado por pueblos originarios, pero esta ley viene a poner una demarcación de la tierra que tienen en posesión hoy el día para su uso y que son pequeñas porciones en comparación a lo que tenían antiguamente", explicitó Gil.
Este trabajo se está llevando a cabo gracias a un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. "Para las comunidades diaguitas es la primera vez que van a tener un reconocimiento de este tipo. Es histórico para el pueblo diaguita su visibilización a nivel San Juan y el reconocimiento que van a tener, porque las comunidades huarpes ya han sido reconocidas, aunque no todas ya que son 35 en total y solo 15 tienen o están por tenerlo".
Finalmente, la idea es que este proyecto les lleve tranquilidad a los pueblos originarios. "Esto va a tener una carpeta técnica, que no es un título de propiedad pero está compuesta por un croquis, un mapa georeferenciado, una narrativa del uso actual de las tierras, un cuestionario sociocomunitario de las características sociales y económicas de la comunidad y un estudio histórico-antropológico. Esto impide cualquier tipo de desalojo de esa posesión", sentenció Franco.
