Expectantes y esperanzados. Los integrantes del grupo "Viudas, Viudos y Huérfanos del Covid-19 San Juan" esperan conocer las novedades del abordaje de la iniciativa en comisión de Diputados de la Nación, de cara a que no se finalice el año sin novedades de avance del proyecto de la conocida "Ley Martina". Presentada por el diputado nacional sanjuanino Walberto Allende, fue inspirada por una pequeña de un mes de vida que no conoció a sus jóvenes padres que murieron por coronavirus.
La coordinadora del grupo María Belén Icazatti explicó a Diario La Provincia SJ que "este miércoles se reúne la comisión de "Familia, Niñez y Juventudes" y está convocada a participar la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. Entre los temas a tratar está la Ley Martina. Esto será clave para comprometer o lograr un compromiso para que se encamine este proyecto a ser ley. La verdad es que hasta hora no hubo dictamen de comisión y es cabecera en la Comisión de Previsión Social, a cargo de la diputada Marisa Uceda".
Expresó que se comunicó con la secretaria de Uceda para manifestar el interés y la necesidad que la iniciativa "se mueva" en esa comisión. "Tiene que tener el dictamen de la comisión de Previsión Social para que pueda ser tratada en Familia. A esta altura del año, lo que pretendemos es que, por lo menos, quede alguna estructura armada para que no se pierda el proyecto. Estamos convencidos de seguir trabajando el año que viene; no queremos que se caiga la iniciativa. Los menores huérfanos del COVID (beneficiarios contemplados en la normativa) son muchos: alrededor de 60 mil en todo el país", marcó.
María Belén destacó que son conscientes que, ante esta nueva normalidad que transita el país tras lo más difícil de la pandemia, las comisiones legislativas decidieron dar más relevancia a otros temas. "Pero una sociedad que no contiene a sus huérfanos, más en una pandemia, no merece ser llamada sociedad democrática o un Estado de derecho. Ellos necesitan ser reconocidos en sus derechos constitucionales", puntualizó.
En San Juan, el grupo nuclea cerca de 56 familias las que integran el grupo, y padecen muchas necesidades básicas, si bien recibieron ayuda desde el Ministerio de Desarrollo Humano en la entrega de maquinarias para poder emprender un rubro, actualmente lo que están pidiendo a gritos es la aprobación de la ley y la asistencia psicológica inmediata.
"Muchos chicos son contenidos fuertemente por su familia; el Estado provincial acompaña pero el Estado nacional está ausente. Hay abuelas que han quedado a cargo de 2 a 4 nietos y que están peleando para ser tutores de los chicos. También hay menores que no pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo porque se requiere un juicio sucesorio previo que implica un monto elevado de dinero. Hay muchas situaciones muy complejas y mucha burocracia", remarcó.
Sobre el proyecto
El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación su proyecto conocido como "Ley Martina", que busca que el Estado brinde amparo económico y psicológico a los niños cuyos padres fallecieron a causa del Covid-19.
“Esto comenzó a gestarse a partir de un caso que nos conmocionó en San Juan de la familia Guevara. Él era remisero y junto a su esposa fueron internados por coronavirus y fallecieron los dos en el transcurso de dos días. Mientras estaba internada, la señora dio a luz a Martina, a quien no conocieron, por eso le pusimos Ley Martina a este proyecto con la aprobación de la familia”, contó Allende, el año pasado.
Agregó que tenía un registro preliminar de familias sanjuaninas a las que les correspondería el beneficio en caso de ser sancionada esta ley; y aclaró que actualmente no existe un registro de Salud Pública de la provincia ni de Nación para saber cuántas familias en Argentina han pasado por esta situación. Esa condición se mantiene a día de hoy.
El proyecto establece los requisitos para acceder a la reparación que deben acreditar los beneficiarios, como por ejemplo acreditar el fallecimiento del progenitor o los progenitores.
Señala también que el beneficiario podrá percibir desde los 18 años y hasta los 25 años de edad, cuando acredite estudios en entidades educativas oficiales. Y que el beneficio será abonado mensualmente con las partidas presupuestarias del Gobierno Nacional, y su valor será el equivalente a un haber jubilatorio mínimo.
La prestación es inembargable y se abonará por cada hijo/a o menor a cargo.
