Por estos días, preocupa a los inquilinos sanjuaninos lo que se decida a nivel nacional sobre una normativa que consideró la dura situación desatada por la crisis por la pandemia de coronavirus. El Decreto 320, firmado el 29 de marzo último por el presidente Alberto Fernández, estableció hasta el 30 de septiembre el congelamiento del precio de los alquileres, la prórroga de contratos y la suspensión de desalojos, entre otras disposiciones.
"En plena pandemia se han registrado situaciones complicadas como aumentos e intentos y desalojos de inquilinos, algo que estaba prohibido por la normativa. Necesitamos conocer qué se va a decidir ya que las familias atraviesan problemas económicos por falta de trabajo. Con la Fase 1, muchos inquilinos no pudieron trabajar, hay mucho empleo informal e independiente. Por otro lado, se tiene que elegir entre pagar impuestos para mantener servicios o cubrir los gastos de comida o urgencias que se presenten. Es un escenario difícil", marcó Víctor Bazán, referente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos.
De acuerdo a las últimas estimaciones, el 30% de los inquilinos de la provincia acumularon deudas de alquileres en pandemia. "Es por ello que urge que se defina una prórroga. Lo solicitado a nivel nacional es hasta marzo del 2021. Es que, de lo contrario, se formalizarán los aumentos de los alquileres hasta un 27% y en este contexto de pandemia, es casi imposible pensar en una mudanza. Estamos muy preocupados", señaló.
A nivel nacional, la agrupación Inquilinos Agrupados solicitó al Gobierno ampliar la vigencia del congelamiento hasta el 30 de marzo de 2021.
Como contraparte, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) afirmó haber realizado encuestas en todo el país a través de los Colegios Profesionales, que arrojaron “estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas, como así también, un bajo grado de conflictividad entre las partes”.
Por ende, según la agencia Telam, juzgaron “inoportuno una extensión del decreto de necesidad y urgencia, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía”.
