El 9 de agosto de 2017 arrancó en San Juan el sistema especial de Flagrancia como una política de Estado en la que coincidieron los tres poderes para darle velocidad judicial a la resolución de hechos de inseguridad.
En total hubo 920 imputados, y la mayoríade los casos ya tuvieron una resolución del juez con una condena efectiva o condicional, o bien fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba en la que el imputado queda en libertad, pero tiene que cumplir reglas de conducta, se resolvieron en la primera audiencia, sin necesidad de llegar al juicio con la presencia de testigos.
Del total de las audiencias, la mayoría de los penados recibió una condena, efectiva o condicional. Y más de 300 recibieron la pena de la suspensión de juicio a prueba, también llamada “probation”.
La sistematización del sistema de Flagrancia permitió realizar un mapa provincial de los hechos delictivos:
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