De acuerdo al relevamiento realizado por los equipos técnicos de IPV, integrados por asistentes sociales, se obtuvo como resultado que el 30% de las viviendas entregadas presentaron irregularidades. Esto se tradujo en presentación de informes y expedientes en Fiscalía de Estado y en algunos casos, ya se revocaron las adjudicaciones.
"Tenemos 65.000 familias sanjuaninas sin casa propia. El desafío es muy grande, tanto en la construcción de nuevos barrios, como en asegurarnos que las casas ya entregadas cumplan con ser viviendas únicas. Estamos haciendo un trabajo minucioso y no se puede pretender cambiar en un año una realidad que ha marcado décadas", señaló el subinterventor de IPV, Daniel Gimeno a Diario La Provincia.
El relevamiento surgió de visitas a todos los departamentos y también, denuncias de particulares en Mesa de entradas del IPV. "Como irregularidades entendemos desde alquileres y ventas de casas que no fueron pagadas en su totalidad, préstamos a familiares o amigos, muerte de los titulares y cesión de palabra a otros parientes, por ejemplo. También están las casas que llevan años sin habitar o a las que nunca se mudaron", detalló.
En ese sentido, explicó que la recuperación de las viviendas para entregarlas a inscriptos en el padrón así como la resolución de cada situación no es un trámite corto. "Se evalúan todas las aristas de los casos y no es la intención desalojar a las familias que viven allí. Sí hubo revocaciones de adjudicaciones a los titulares. Fiscalía de Estado interviene con miras a dar soluciones. También hay familias que deben muchos años de cuotas y en ese caso, se los llama para concretar un plan de pago especial", destacó.
