Este jueves, la Cámara de Diputados sanjuanina debatió y aprobó por unanimidad el proyecto de ley, presentado por la Corte de Justicia, que proponía la readecuación del "Código Procesal de Familia" al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Cumple con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
"Se aprobó el primer Código Procesal de Familia de San Juan, es una herramienta importante para quienes trabajan en este fuero pero sobre todo para quienes recurren en busca de una justicia ágil, con un criterio uniforme. Esta es una normativa específica que establece cómo se debe llevar adelante cada uno de estos procesos de familia", señaló a la prensa la legisladora Fernanda Paredes.
Detalló que "este código enumera, en una primera parte, todos los principios que sirven para la interpretación de la norma y sean guía para la representación de las partes. Entre ellos, está el superior interés en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la especialidad del fuero y la celeridad. También suma las medidas cautelares que se pueden tomar, por ejemplo, exclusiones de hogar o la fijación provisoria de una cuota alimentaria". En sus apartados se refiere a procesos como divorcios, adopción, alimentos, filiación y el control de legalidad de medidas especiales, destacó.
Asimismo, señaló, que los equipos judiciales y los magistrados tomarán sus decisiones con perspectiva de género. "La entrada en vigencia del Código será desde febrero de 2023", expresó.
Por su parte, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Roberto Gattoni agregó que "es el tercer código que tratamos en la Cámara. Lo hemos trabajado entre todos los bloques, en pos de ese Código que es importante para la vida de los sanjuaninos y para impartir justicia".
El nuevo Código
Su primer libro contiene la Parte General y el segundo la Parte Especial. En la primera, se destaca el desarrollo de los principios procesales que inspiran toda la normativa, como son el de acceso a la Justicia, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Se ha dado tratamiento especial a la situación de las personas vulnerables, conforme lo disponen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con especial consideración a los niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.
En la segunda parte, se regula cada proceso de familia en particular. Este proyecto prioriza la simplificación y fortalece el rol activo del Juez o la Jueza, en atención al principio de inmediación, al impulso del proceso por audiencias, al contacto directo con las partes y el material del proceso en todas sus etapas. Asimismo, los fundamentos del proyecto manifiestan que este nuevo Código, otorga prioridad al proceso de Violencia Familiar, regulando un trámite acorde a la particular situación que atraviesan los miembros de la familia afectada y evitando la revictimización de las personas involucradas. En materia de capacidad jurídica, son recibidas las disposiciones del Código Civil y Comercial y los lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para los casos en que se requiera la designación de un apoyo sin necesidad de restringir jurídicamente la capacidad, se contempla que podrá ser solicitado en un proceso voluntario, siendo la Provincia de San Juan la primera en legislar, mediante este Código, éste particular proceso.
También, propone regular el control de legalidad de las internaciones involuntarias por razones de salud mental, problemática social que ha tenido especial recepción legislativa en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, y que contiene también a las adicciones. En lo relativo al Sistema de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, y control de legalidad de medidas excepcionales de protección, se siguen los lineamientos fijados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que tuvo especial acogida en el derecho interno de gobernador con distinguida nuestro país a través de la Ley N° 26.061. En ese marco normativo, el proceso se desarrolla con la tarea coordinada de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, y del Poder Judicial.
