Legislatura

Por mayoría, Diputados aprobó la ley de emergencia en la obra pública sanjuanina

Por 23 votos a favor y 11 en contra, el proyecto que busca una redeterminación de precios y la cobertura de una diferencia económica por parte del Gobierno, ya es ley.
jueves, 10 de noviembre de 2022 12:46
jueves, 10 de noviembre de 2022 12:46

Este jueves, en sesión ordinaria, Diputados sanjuaninos aprobaron por mayoría el proyecto de ley oficial que aprobó la ley de emergencia en la obra pública sanjuanina.

Tras un intenso debate, en el que la oposición hizo sus observaciones y cuestionamientos a la medida, se procedió a la votación que sumó 23 votos a favor y 11 en contra.

Ayer, al respecto, el mandatario provincial Sergio Uñac señaló que "lo importante es que se pueda rediscutir" y habló de la importancia del proyecto para los trabajadores del sector. 

"Lo importante es que, cada uno de los trabajadores, más allá de las empresas que son una herramienta para generar empleo; puedan mantener su empleo (...) Hay una realidad que no se puede negar, que no se puede barrer bajo de la alfombra, que es la inflación que está afectando los números y la rentabilidad de todos, obviamente de la construcción también", subrayó. 

Declaración de emergencia

En base a una iniciativa Interbloque con despacho favorable de las comisiones, el cuerpo considera en los fundamentos del proyecto que, a partir de la situación extremadamente crítica en materia económico-financiera que atraviesa actualmente nuestro país, cuyas consecuencias afectan directamente al Gobierno de San Juan, por gravitar profundamente sobre el orden económico social en general y sobre la obra pública en particular, poniendo la actividad en estado de emergencia ante el riesgo de la discontinuidad de aquellas obras ya iniciadas, con un fuerte impacto en los aspectos sociales, económicos y productivos.

Es también recurrente el reclamo de las empresas aludiendo a la distorsión entre los precios reales de mercado y los precios contractuales calculados por aplicación de índices del Decreto Nacional 691/16 y Decreto Provincial 0028/16, cuya consecuencia es el incumplimiento de los plazos de obra o, en casos más complejos, su paralización lisa y llana.

Estas distorsiones, sumadas a las restricciones en la importación de insumos claves, a las dificultades para acceder a otras divisas para cancelar compromisos previamente contraídos, a las limitaciones para la obtención de créditos y a los inconvenientes para acceder a los habituales mercados para la compra de materiales e insumos, dificultan gravemente las posibilidades de cumplimiento de los diversos contratos de obra pública vigentes.

En el sentido señalado, el Gobierno debe procurar, utilizando todas las herramientas a su alcance, reencauzar este desvío producido en la relación contractual, motivado por causas externas a los propios contratos, empleando un criterio de esfuerzo compartido basado en tres ejes fundamentales: el consentimiento, el interés público y la naturaleza conmutativa de los contratos.

Dicho reencauzamiento solo es posible a través de una revisión de los acuerdos contractuales celebrados por el sector público provincial en ejercicio de la función administrativa con las empresas directamente afectadas por la crisis aludida.

La revisión de los contratos debe procurar, en la medida de lo posible, reestablecer condiciones similares a las originalmente pactadas y la determinación de una "nueva línea de base", a través de la cual se definan compensaciones acordes a la magnitud del cambio de escenario producido respecto a las condiciones e indicadores contemplados en el diseño original del proyecto, que fueron adoptados como punto de partida.

Las compensaciones por las variaciones entre la línea de base nueva y la original permitirán adecuar los planes de trabajo a la presente realidad, ajustar eventualmente los proyectos a necesidades más racionales basadas en las actuales circunstancias, ajustar las metodologías de redeterminación de precios adoptando sistemas más equitativos, asistir financieramente a las empresas para que logren solventar sus desfasajes y enfrentar la parte faltante de obra en condiciones más favorables y garantizar la renuncia a reclamos posteriores de las contratistas por los motivos mencionados.

La fijación de una nueva línea de base tiene sustento en el principio de Conservación del Contrato, el cual considera que las voluntades en él plasmadas responden a un objetivo concreto, el cual sería de imposible cumplimiento en caso de persistir las condiciones de la línea de base original.

Cabe señalar que existen diversos antecedentes en materia de obra pública en la provincia de San Juan por los que oportunamente se autorizaron ampliaciones, asistencias o modificaciones a los contratos, procurando compatibilizar acciones que minimizaran los desequilibrios económicos producidos, con el uso racional de los recursos provinciales, con miras a reforzar e impulsar la continuidad y culminación de las obras públicas.

 

 

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