El proyecto, cuenta con el apoyo de abogados constitucionalistas y legisladores de diferentes partes del país. “El derecho a la vida debe ser considerado el primer Derecho Humano, puesto que es esencial y básico para la complacencia del resto de los derechos, porque, de no haber vida, todos los demás carecerían de razón de ser”, destacó Marcelo Orrego, presidente del bloque Producción y Trabajo del Interbloque Cambiemos.
Para los defensores de la vida, la normativa promulgada resulta inconstitucional, “Al permitir el derecho al aborto, en cualquier momento de la gestación, con el único requisito de la manifestación de la voluntad de la persona gestante, se desconocen normas consagradas y tuteladas en nuestra Constitución Nacional”, sostuvo el diputado nacional, Marcelo Orrego.
“Se debe amparar y proteger el básico y esencial derecho de todos los niños, que es el ejercicio de su derecho a la vida, cuestión que se verá avasallada, no sólo por la simple y lisa voluntad de la persona gestante, sino porque también dicho cometido va a tener acción pública en su concreción, lo que no debe ser permitido”, señala el legislador. Claramente, surge del propio texto de nuestra Carta Magna que la vida humana se protege desde la concepción cuando dice “protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo”, enalteciendo el resguardo de los más vulnerables, en este caso, del niño por nacer. En el mismo sentido, vale destacar la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, que en su Artículo 4° dicta: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”.
Sin embargo, para el proyecto recientemente sancionado y promulgado, “La tentativa de la persona gestante no es punible”. imponiendo así el derecho al aborto y a la libre disponibilidad del cuerpo de la persona gestante como superior y por encima del derecho a la vida de otra persona distinta, otorgando primacía al primero sobre el segundo, y eso es contrario a las características de indivisibles e indisolubles propia de los derechos humanos. La última parte del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica establece que: Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…”. Además, a tal extremo es arbitraria esta ley, que vale la pena remarcar que “ignora conscientemente y deliberadamente al padre, impidiéndole ejercer algún derecho sobre la persona por nacer”, remarca Orrego.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que el ordenamiento jurídico quedó claramente establecido que la vida comienza en la concepción, como se dejó aclarado en la Ley Nº 23.849, que en 1990 ratifica la “Convención sobre los Derechos del Niño”, que adquiere en 1994 rango constitucional, y cabe destacar también, la protección jurídica de la vida en nuestro CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, cuando se especifica en el Artículo 19°: “Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”.
Otras de las objeciones que plantea el proyecto, que el derecho al aborto pasaría a convertirse en un derecho absoluto, mientras que la libertad de conciencia de los trabajadores de la salud quedaría como un derecho relativo, subordinado y condicionado. "Es por eso que resulta fundamental que nuestro derecho constitucional se exprese de forma clara e inequívoca sobre el alcance de este artículo, ya que en él radica la distinción entre la vida y la muerte”, advierte el legislador. Por último, Orrego reflexionó sobre la sanción de las normas, “como forma de ordenamiento social, expresan valores que deben realizarse y que se transmiten de generación en generación, y que la ley, que se pretende derogar con el presente proyecto, marcaría un antes y un después en nuestra cultura respecto del derecho a la vida”, dijo.
