El juez del Quinto Juzgado, Benedicto Correa clausuró la etapa de instrucción y elevó la megacausa Expropiaciones a juicio. En ésta están incluidos el doctor Carlos Macchi, Santiago Graffigna, Horacio Alday y Ana María Melvin, integrantes de los peritos de parte de Graffigna. En vista a esto se espera que en el primer semestre del 2019 se conforme el tribunal y se fije la fecha de inicio del juicio para las ocho personas procesadas.
Según informaron, para esta oportunidad se buscará que en el juicio se aplique la pena más alta para los involucrados, pero especialmente para el organizador de la maniobra. "La idea es dejar el mensaje a la sociedad que tanto el gobierno como la Fiscalía de Estado no se va a permitir bajo ningún punto de vista cualquier tentativa de defraudación contra el Estado", señaló el fiscal de Estado, Jorge Alvó quien subrayó que la pena máxima es de 40 años y sería aplicable para el jefe u organizador de la maniobra.
Por el delito de Asociación Ilícita la pena es de 3 a 10 años para los partícipes principales y de 5 a 15 para los organizadores. Las Estafas Agravadas contra la Administración Pública concibe penas que van de 6 meses a 6 años. El Código Penal permite sumar penas, es decir son 8 estafas consumadas y 4 tentadas más las asociaciones ilícitas; y por eso se podrá pedir las pena más alta
Por otro lado, el abogado Rubén Pontoriero explicó que la "mayoría de las demoras que se produjeron fue por presentaciones de la defensa y eso derivó a que, como estaban incluidos en el proceso de investigación parte del sector judicial, tuvimos una serie de inhibiciones que demoraron la causa, independientemente de las recusaciones de la defensa".
En función de dichas recusaciones, y tal cual está formada la Cámara de Apelaciones, no se pude integrar por ninguno de los que están en ejercicio porque la mayoría de los jueces están inhibidos y los tres que produjeron el estudio del procesamiento no pueden intervenir en juicio. Esto significa que se necesitan jueces nuevos. En función de esto se pone en vigencia la subrogancia y se deberá conformar con nuevos jueces.
Según indicó Pontoriero, no pueden intervenir en el juicio Alberto Ortiz, Benedicto Correa, Mónica Lucero (de licencia), Pablo Flores, Guillermo Adárvez, Agudo (renunció para abocarse a la jubilación). Ante este escenario "hay cuatro o cinco jueces que podrían" pero pueden inhibirse o ser recusados con lo cual podrían convocar a los jueces civiles.
"En el 2010 apuntamos que esto era una asociación ilícita y si ven todos los delitos económicos que se juzgan a nivel nacional todos se enmarcan en asociación ilícita", comenzó explicando Pontoriero quien detalló que en estos delitos "cada uno cumple su rol, cada uno hace su aporte, dio su parte para llegar al crimen final que fue la estafa al Estado. Sin la presencia de esta concurrencia de voluntades no se hubiera dado".
Luego detalló que si el juez no hubiera firmado, si el Tribunal de Tasaciones no se expedía, si el perito de fiscalía no actuaba al igual que el abogado, "no se podía determinar" una asociación sin embargo todos habrían actuado articulados. "Todos los controles fallaron porque formaban parte de esta asociación ilícita", agregó.
Por su parte, el fiscal de Estado, Jorge Alvó, señaló que existia un "patrón que se repetía en cada causa de expropiación que conforman la megacausa que son origenes".
Fiscalía de Estado inició las acciones autónomas de nulidad a los efecto de que las sentencias que conforman esto, teniendo en cuenta que es una maniobra fraudulenta, que se anulen para recuperar las inversiones económicas que por aquel entonces eran 42 millones de pesos "a valores históricos de los que se pagaron". Se hará luego el recupero por acciones.
Las acciones autónomas de nulidad se dan por el Juzgado en lo Autónomo Administrativo y se necesita que un juez anule las medidas de causa civil.
