Entre los fundamentos del proyecto sostienen que "en este nuevo contexto socio-económico, las Universidades Nacionales dan señal de alarma”. En el primer plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, realizado en la ciudad de Avellaneda a principios del mes de abril, se expuso la preocupación generada por aumento de tarifas de luz, de gas y del alquiler de sedes edilicias.
"En algunas universidades los aumentos han llegado hasta el 600 por ciento en la electricidad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, según su decano, Glen Postolski, el costo de la luz pasó de 7 a casi 80 millones de pesos. También podemos mencionar, entre otras tantas, las distintas facultades de la Universidad de La Plata que han recibido facturas con incrementos entre el 100 y el 400 por ciento, por ejemplo la Facultad de Ingeniería recibió un aumento interanual en la tarifa eléctrica del 400%, pasando de 60.000 pesos en marzo de 2015 a 250.000 en marzo. Las cifras hablan por sí solas y exponen uno de los problemas que deben afrontar los claustros académicos”, sostiene la iniciativa legislativa.
"El decreto 134/2015, firmado por el Presidente Mauricio Macri, declaró la "emergencia del sector eléctrico nacional” y estableció que los organismos públicos, entre los cuales se encuentran alcanzadas las Universidades Nacionales, debían llevar adelante una reducción del consumo energético. Más allá de la buena voluntad por disminuir el consumo con un objetivo económico-ambiental, las universidades dictan clases nocturnas donde la mayoría de los alumnos son trabajadores que no pueden cursar en otro horario, por lo tanto, es poco probable que puedan disminuir el consumo en una proporción que las aleje del aumento tarifario”, precisa uno de los fundamentos del proyecto.
Por otra parte los legisladores nacionales sostienen que, el Presupuesto Nacional 2016 fue sancionado antes del aumento de tarifas dispuesto por las Resoluciones N°6/2016 y 28/2016, del Ministerio de Energía y Minería con fecha 25 de enero y 28 de marzo respectivamente. Por lo tanto, corresponde exceptuar de la normativa a las Universidades Nacionales o ampliar las partidas presupuestarias a fin de cubrir la diferencia que se presenta ante el incremento no previsto.
