Declaración

Oritja sobre el derrame en Veladero: "la compuerta estaba abierta porque se decidió dejarla permanentemente abierta"

El juez Oritja indicó que el problema del derrame en Veladero fue porque 'la compuerta estaba abierta pero no por un descuido o por una política de la empresa. Fue porque se decidió abrirla y dejarla permanentemente abierta'.
viernes, 11 de marzo de 2016 10:38
viernes, 11 de marzo de 2016 10:38

El juez Pablo Oritja, titular del Juzgado de Jáchal, de la Segunda Circunscripción Judicial explicó esta mañana el camino judicial que sigue la causa que él investiga sobre el derrame en Veladero de solución cianurada, por el que están procesados nueve empleados de la empresa Barrick.

En conferencia de prensa, que reprodujo Radio Light, habló de todo, desde la "fuga de sustancia cianurada" hasta el estado histórico que tiene el agua de Jáchal y departamentos aledaños. Aseguró que también se refirió al juez federal Sebastián Casanello quien la semana pasada ordenó la provisión de agua potable y alimentos a aquellos departamentos.

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Los responsables del derrame de la solución cianurada 
El juez Oritja indicó que "está claramente comprobada la responsabilidad de los sujetos imputados. En virtud de que se tomó una decisión por parte de personas que no son empleados comunes sino son cúpula gerencial de la empresa. Tuvo como fin una determinada conducta que fue dejar abierta la compuerta, fue negligencia".

"Una fuga de la sustancia cianurada dentro del Valle de lixiviación es esperable pero no es riesgo. La sustancia cuando circula por el valle de lixiviación vuelve a ser depositada en la celda de lixiviación. El problema es otro, si esa pérdida, fuga, hubiera canalizado por los carriles normales de seguridad que tendría que haber tenido la empresa controlado. Esa fuga nunca hubiera llegado al río. El problema es que la compuerta estaba abierta pero no por un descuido o por una política de la empresa. Estaba abierta porque se decidió abrirla y dejarla permanentemente abierta", agregó el magistrado.

Luego indicó que se está investigando el delito de "contaminación" y quiénes la justicia entiende que "han tomado la decisión de abrir la compuerta". En este escenario explicó que hasta que se llegue a juicio y se dicte la sentencia correspondiente "pueden haber más implicados" y por ende imputados. 

Posteriormente aclaró que en la investigación no se advirtió, no se observó, ninguna irregularidad en los medios de control. "No fue una mala intención sino que llevó cuatro días para ver el volumen. El derrame empezó a las 21 horas del sábado y se logró controlar al mediodía del día siguiente", agregó Oritja quien subrayó que lamentablemente durante ese tiempo "empezaron las especulaciones". "Lo que sí se pudo acreditar, por una cuestión técnica, fue que el derrame era de 1.072 metros cúbicos".
 
Los ejecutivos procesados son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (también del área de Procesos), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General).
 
Agua "contaminada" en Jáchal 
El juez también se refirió a la denuncia de la comunidad jachallera sobre la contaminación que tiene el agua que corre por el río del departamento. En la ocasión aseguró que "ni siquiera el mismo informe asevera" que sea a raíz del derrame de Veladero. "Se habla de que podría ser consecuencia. No obstante eso el informe omite una comparación que es importante y que es que hay estudios de 1940 en donde se destaca la mala calidad del agua de Jáchal. Hay un trabajo del doctor Bosque en donde analiza todos estos estudios que se hicieron. Si contamos que hay un comparativo con la línea base antes de la explotación minera, no estoy hablando de cianuro, sino de plomo, manganeso, cobalto... son valores más altos en la línea de base que los detectados por la Policía Federal". 

Posteriormente, el magistrado aseguró que "no hay que renunciar al monitoreo permanente" y sentenció que estos "indican que el agua de Jáchal es potable y buena. Las objeciones que hay sobre el agua de Jáchal no tienen origen ahora sino de hace varios años. Restos de cianuro no se registró en ningún lado".

"En el 2014, un año antes de que se produzca el derrame, las zonas de San Roque expusieron una acción de amparo por el alto contenido de arsénico que tenía. En 1995, el Banco Nación indicó que el agua que toman sus empleados no es buena y por eso otorga botellas con agua a sus empleados", confesó el Oritja quien resaltó que "los niveles de arsénico de ahora, respecto a la línea básica son similares a antes".
 
 


Presión social 
Con respecto a la posibilidad de que haya recibido alguna presión política o empresarial por parte del Gobierno de San Juan o de Barrick, al momento de investigar y tomar medidas, Oritja expresó que nunca se sintió "presionado" por estos sectores pero sí por la sociedad.

"La presión que más sentí fue la presión social no política ni de ningún otro tipo que no sea la social. Es entendible y comprensible pero también la gente debe entender que así se debe actuar y debemos resolver los procesos que están en nuestro escritorio en función de la ley", sentenció.
 
Tribunal federal vs tribunal provincial 
Oritja reconoció que hay una diferencia entre el Tribunal  Federal y el que él preside con respecto a esta investigación. "Entiendo que hay una norma procesal, que el único proceso de instrucción que debería haber continuado es el que está a mi cargo", expresó.

La semana pasada, el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su poder una de las dos causas penales abiertas tras el derrame de cianuro en la mina Veladero, ordenó una batería de medidas de prueba que por primera vez no serán realizadas por el gobierno sanjuanino. Dispuso que las autoridades "provean de inmediato agua potable y alimentos no contaminados" en la zona. También harán análisis de sangre a los vecinos para comprobar la presencia de metales pesados. 
 
 
 
Sobre este tema, Oritja aseguró que "ante un conflicto de competencia, entre un tribunal federal y provincial, lo debe resolver la Corte de Justicia de la Nación. Hasta que no se resuelva la posición de ambos magistrados seguirá igual".

"El único que podría haber continuado con la investigación era yo pero el doctor Casanello tiene otra opinión y el órgano que compete resolverá si las medidas que él hizo son válidas o no", finalizó.

 

 

Los hechos bajo investigación de la Justicia ocurrieron el 12 de septiembre de 2015, cuando se produjo una rotura de una válvula de la tubería que transportaba solución cianurada.

 

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