En el cónclave del PJ participaron los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Formosa, Gildo Insfrán; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja, Sergio Casas; Tucumán, Juan Manzur; Catamarca, Lucía Corpacci; Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala; La Pampa, Carlos Verna y de Chaco, Domingo Peppo. También participaron los vicegobernadores de San Juan, Marcelo Lima; de Misiones, Oscar Herrera Aguad y de Santiago del Estero, Emilio Neder; el vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Gioja; el titular del bloque Justicialista del Senado de la Nación, Miguel Angel Pichetto.
El documento
La decisión del Presidente Macri de aumentar por Decreto los fondos que por coparticipación federal de impuestos recibirá a partir de ahora la jurisdicción más rica del país en un 268%, es una pésima noticia para los que estamos convencidos que el verdadero desarrollo viene de la mano de una mayor justicia distributiva.
La distribución de los fondos que se recaudan a través de los Impuestos Nacionales no es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional. Es una obligación que está presente en nuestra Constitución Nacional y en todo nuestro ordenamiento jurídico como República Federal. Los coeficientes de distribución de los fondos coparticipables no pueden ser modificados mediante un decreto, sino que deben acordarse con todas las provincias. En este caso además, la norma utilizada (el decreto 194/16) adolece de la exposición detallada de los fundamentos que una medida de esta importancia requeriría.
La distribución de los recursos fiscales es la principal herramienta que tenemos como Nación para corregir las desigualdades que se producen entre las distintas regiones, generadas por sus particularidades geográficas, históricas, demográficas y económicas. Esas desigualdades regionales no pueden traducirse en desigualdades de oportunidades de nuestros compatriotas que habitan el suelo argentino en toda su extensión. La única forma de asegurar esto es mediante la asignación de recursos fiscales con criterios eficaces en función de estos objetivos superiores. La verdad es que ya existía una injusticia porque la distribución que hoy rige data de 1988 y hay muchas situaciones que no se contemplan adecuadamente. Esta injusticia hoy vigente es profundizada por el decreto 194/16.
En lo inmediato, se debe devolver el 15% que se detrae de la masa de fondos coparticipables desde el año 1992 ya que la Corte Suprema de Justicia a fines del 2015 estableció que esa detracción es inconstitucional. Hoy se vive una situación de profunda inequidad ya que tres provincias que realizaron el reclamo judicial (San Luis, Santa Fe y Córdoba) se vieron beneficiadas por la sentencia de la Corte, pero el resto no. Esta situación había sido corregida por el Decreto 2635/15, que fue derogado por el Presidente Macri. Es imperioso que esta problemática se resuelva a través de la política, de lo contrario todas las provincias se verán obligadas a utilizar la vía judicial y la Corte ya fijó un antecedente muy claro del que no podrá alejarse.
Además, debemos definitivamente encarar una discusión política para cumplir el mandato de la Constitución Nacional en su art. 75 inc 2, de establecer un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos, la cual debe darse en su ámbito natural que es el Congreso Nacional.
También es necesario llevar adelante las acciones para asegurar que el gobierno nacional cumpla con las obligaciones de financiar y saldar las obras públicas nacionales comprometidas en la totalidad de los presupuestos aprobados. Asimismo Nación debe atender las deudas previsionales existentes en las jurisdicciones provinciales.
Hoy tenemos una oportunidad histórica. La Nación y la mayoría de las Provincias tienen nuevas autoridades políticas con la legitimidad que les otorga las ejemplares elecciones realizadas durante el año 2015. Más allá de las diferencias ideológicas y políticas de los diversos espacios que ganaron las elecciones en cada jurisdicción, todos buscamos un desarrollo económico y social equilibrado.El peronismo sigue siendo el movimiento político más federal del país. Nuestro movimiento late en los rincones de cada provincia, de cada municipio. Para nuestra doctrina justicialista es inconcebible resolver una necesidad de financiamiento de una jurisdicción sin aplicar un criterio de justicia distributiva. Por esto es que llamamos a la reflexión a toda la dirigencia política argentina para que encaremos esta cuestión de vital importancia. Así como un individuo no puede realizarse en una comunidad que no se realiza, ninguna provincia podrá progresar sobre bases sólidas si fallamos en construir un país inclusivo y más justo. Ese es el verdadero federalismo.
