Hace 30 días la noticia conmocionó a la comunidad sanjuanina. Los represores, Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, que habían sido juzgados y condenados pode delitos de lesa humanidad se habían fugado. Las repercusiones y las acciones fueron inmediatas pero no efectivas para dar con el paradero de ambos.
La tarde del 25 de julio los condenados fueron trasladados al Hospital Militar Cosme Argerich para la atención médica que habían requerido. Pero los represores lograron fugarse cuando aún no se había cumplido el primer mes de haber recibido una dura condena por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la última dictadura militar, considerada por los argentinos como la más sangrienta de muestra historia.
Las últimas noticias sobre las acciones que se realizaban para detener a Olivera y De Marchi fueron publicadas por la agencia Noticias Argentinas. Según indica la información publicada los investigadores rastreaban a los represores en el Paraguay. Además se daba a conocer que se habían concretado varios allanamientos en la ciudad de Posadas. "Huyeron a Paraguay escondidos en algún automóvil para evitar a la Gendarmería y cruzaron en un bote" a través de las provincias argentinas de Misiones y Corrientes”, informó una fuente a la agencia de noticias.
Otras de las hipótesis que cobraron fuerza a horas de la fuga de los represores es que existió un fuerte apoyo externo para que el escape sea exitoso para Olivera y De Marchi. "Todo estuvo planeado y financiado por un grupo vinculado a militares, en actividad o retirados, que viviría de forma parcial o permanente en Paraguay, aunque ha descartado la implicación de funcionarios paraguayos”, publicó la agencia Noticias Argentinas.
La página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- www.jus.gob.ar- tiene un portada una banner que funde los rostros de Olivera y De Marchi. También en la página figura la recompensa que se ofrece de dos millones de pesos por cada uno a las personas que brinde datos sobre el paradero de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Otras de las medidas adoptadas fue el congelamiento de los bienes, tarjetas de créditos y cuentas bancarías con el objetivo de disminuir los recursos de los prófugos. El ministerio de Defensa y la Unidad de Información Financiera informaron luego de la fuga que Olivera ejercía la profesión de abogado, con matrícula en el colegio público de la Capital Federal, y tenía dos fondos fiduciarios -SJ1 y SJ2- con su ex socio y ex auditor militar Jorge Humberto Appiani, procesado con prisión preventiva en la provincia de Entre Ríos.
En San Juan también el gobierno provincial puso a disposición de las personas que fueron testigos y víctimas de los secuestros y torturas por parte de los condenados medidas de seguridad. Se espera que las acciones de quienes investigan la fuga sean más eficaces para dar con el paradero de los condenados.
