La prórroga por 90 días de la prisión preventiva domiciliaria para los imputados María Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González dejó al descubierto uno de los aspectos que más preocupa a la querella: el destino del dinero obtenido en las presuntas estafas.
En diálogo con Diario La Provincia SJ, el abogado querellante Rolando Olivera, quien representa a ocho damnificados, explicó que durante la audiencia hizo especial hincapié en ese punto y destacó que incluso el juez lo tuvo en cuenta al momento de fundamentar la continuidad de la medida cautelar.
“Como verán, el juez hizo mención específica al dinero. Ese fue uno de los planteos más importantes que realizamos durante la audiencia”, afirmó.
“Ese dinero no ingresó a sus cuentas bancarias”
Olivera sostuvo que la investigación permitió detectar que los fondos provenientes de las presuntas maniobras no aparecen reflejados en las cuentas bancarias de los imputados.
“Hoy planteé como hecho nuevo que todo ese dinero no ingresó a sus cuentas bancarias, según consta en el legajo y en las investigaciones que realicé. Por lo tanto, lo tienen ellos en algún lugar”, aseguró.
Si bien aclaró que aún no existe una cuantificación oficial del perjuicio económico, explicó la magnitud que podría alcanzar la causa. “Hay 159 denuncias contra uno y 154 contra otro. Si solamente tomamos un promedio de 10 millones de pesos por cada denuncia, estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de pesos”, sostuvo.
El temor de la querella: que recuperen el dinero y escapen
Según explicó Olivera, ese fue uno de los fundamentos para solicitar que se mantuviera la prisión preventiva domiciliaria. “Si les dábamos la libertad corríamos el riesgo de que fueran tras ese dinero y se fugaran. Eso fue lo que planteé, jurídicamente, durante la audiencia”, indicó.
Ese argumento fue receptado por el juez, quien entendió que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de ocultar o impedir el recupero de los bienes que eventualmente podrían ser decomisados en caso de una condena.
La investigación continúa sobre bienes y cuentas de familiares
El abogado querellante adelantó que la causa sigue avanzando con nuevas medidas para intentar recuperar parte del patrimonio de las víctimas.
Entre ellas mencionó:
- La restitución de un vehículo que un cliente entregó como forma de pago.
- La recuperación de un departamento que actualmente estaría ocupado por otra persona.
- La posibilidad de escriturar un terreno perteneciente a otra damnificada donde existe una construcción inconclusa.
- El análisis de cuentas corrientes de familiares y allegados de los imputados para determinar si parte del dinero pudo haber sido transferido a terceros.
Lo que dijo el juez
Al momento de resolver, el juez entendió que persisten tanto el peligro de fuga como el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de que los imputados puedan ocultar, suprimir o impedir el acceso de la Justicia a los bienes o ganancias que habrían sido obtenidos mediante las presuntas maniobras y que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.
Con esos fundamentos, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y prorrogó por otros 90 días la prisión preventiva domiciliaria de Robles y Martín, quienes deberán continuar cumpliendo la medida en los mismos domicilios donde permanecen actualmente.
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