El represor Gustavo Ramón de Marchi, quien gozaba de libertad a pesar de su condena perpetua, fue puesto bajo arresto domiciliario por decisión del juez Raúl Fourcade. La medida se tomó después de que trascendieran imágenes de De Marchi en la fiesta de su compinche Jorge Antonio Olivera el pasado 3 de febrero.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había liberado a De Marchi en 2022, basándose en informes médicos que sugerían que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Sin embargo, tras el escándalo de la fiesta, la fiscalía solicitó su detención y el juez dispuso su arresto domiciliario provisional.
De acuerdo con la resolución, De Marchi deberá permanecer en su casa en Pilar, y la Policía Federal Argentina será responsable de supervisar su cumplimiento mediante rondines y llamadas telefónicas.
En 2022, el TOF de San Juan suspendió un juicio contra De Marchi alegando problemas de salud, pero la Sala III de Casación anuló esa decisión en julio de 2022. Tras la reciente polémica, la fiscalía solicitó la detención, y el TOF respondió con el arresto domiciliario.
Este martes, se ordenó un nuevo examen físico a De Marchi para evaluar la veracidad de sus condiciones de salud. La fiscalía busca determinar si en 2022 simuló su incapacidad. Además, se pidió analizar cómo se encontraba en la fiesta de Olivera.
Gustavo Ramón de Marchi, condenado por crímenes de lesa humanidad, estuvo prófugo hasta 2015 y fue capturado en Buenos Aires. Posteriormente, fue liberado y mantuvo una vida activa hasta su detención en 2018, cuando recibió una condena a cadena perpetua. En diciembre de 2019, bajo la presidencia de Alberto Fernández, inició una huelga de hambre y, durante la pandemia, la Casación lo envió a arresto domiciliario.
La situación de Jorge Antonio Olivera, también en arresto domiciliario, está pendiente de resolución por parte del TOF, mientras sobrevivientes exigen revisar su situación y aumentar los controles en su domicilio.
