El pasado 28 de noviembre, una joven de 39 años murió tras sufrir quemaduras en todo su cuerpo. Melina Romero alquilaba un departamento en un consorcio de Trinidad y por el hecho fue imputado Mauricio Ojeda, exinspector de Ecogas. El pasado 15 de junio, la Justicia dispuso 5 meses para investigar el hecho y así determinar responsabilidades.
Transcurridos más de 2 meses de ese total que se dio para la pesquisa, desde el Ministerio Público Fiscal esperan un resultado clave que permitirá avanzar en la acusación.
"Se tomaron distintas medidas, la más importante es que ahora estamos esperando unos informes de Ecogas de San Juan y de un instituto de Mendoza, y una vez que tengamos esos resultados, si entendemos que están colectados todos los elementos de convicción, ahí podremos iniciar o promover la acusación del imputado", contó el Fiscal Adrián Riveros, al frente de la investigación, a Diario La Provincia SJ.
El hombre que es chileno y actualmente se desempeña como gerente de una empresa minera en Catamarca, fue imputado por un accionar negligente y se le fijó una caución de $5 millones de pesos para cumplir con las disposiciones del proceso. Está libre pero deberá comparecer cada vez que se lo requiere y no podrá salir del país.
El estudio en cuestión se tomó en San Juan, en el lugar de los hechos y se envió a la vecina provincia para su análisis. "Estamos esperando esos informes que tienen un tiempo de demora y entendemos que pronto lo vamos a tener", agregó Riveros.
En la causa, se comprobó que el ahora imputado firmó las habilitaciones de la red y conexiones del edificio. Por parte de la UFI Delitos Especiales Nº 3, el fiscal había destacado anteriormente, que "el hecho se produjo el 28 de noviembre del año pasado y se encaró, tras ello, un procedimiento muy técnico porque había que determinar las responsabilidades, si existían y de quiénes. Tras colectar indicios, hemos determinado que la posible responsabilidad cabe en un ex inspector de Ecogas que tenía a cargo el contralor del edificio y que fue quien aprobó y habilitó la conexión de gas".
"La figura penal que le cabe es la de homicidio culposo. Los técnicos que hicieron las pericias y constataron que, a la fecha de ser habilitadas las conexiones, regían resoluciones que prohibían la existencia y uso de flexibles en función del peligro que representan para las familias", finalizó.
