Esta semana comenzó el juicio contra Patricia Coria, dueña de la estética Eros for Men, y su hija, Natalia María Pablo, imputadas por Promoción y Facilitación de la Prostitución agravada por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas.
Este miércoles, fueron tres las primeras testigos, de más de cuarenta y cinco que fueron citados a declarar, que se sentaron frente a los Jueces Gloria Verónica Chicón, Alberto Caballero y María Gema Guerrero. Dos de ellas, ex trabajadoras de la estética, dieron detalles del trabajo que realizaban.
"Pasaron tres testigos, la denunciante, la psicóloga y una de las chicas que trabaja en Eros. Declararon durante toda la mañana y pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana que seguirán declarando los testigos citados. Son cerca de 45 testigos, con los clientes citados por el doctor Villalba", contó el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Gálvez, a Diario La Provincia SJ.
En este caso, se aclaró que tanto Coria como su hija de apellido Pablo, ambas presentes en el debate, se abstuvieron de declarar.
"Los testimonios hoy han sido bastante convincentes y sin ninguna fisura, las dos chicas declararon prácticamente lo mismo sobre como era el modus operandi, en qué consistían los masajes completos, los sensitivos, cuánto se cobraba, a dónde, quién le proveía los profilácticos, quién les proveía la ropa y cómo sabían ellas qué cliente había pagado por un servicio", detalló Galvez sobre la palabra de las ex empleadas del lugar.
Y aclaró sobre el proceso del juicio y la próxima etapa: "Para más adelante tenemos todo lo que es la informativa y documental, donde tenemos las extracciones de las computadoras". La documental también se conforma por otros elementos que se pudieron recopilar en los allanamientos realizados a la estética, como así también registros de WhatsApp.
El fiscal Gálvez anteriormente había adelantado que para el juicio se recabó "una infinidad" de pruebas que comprometen a la mujer y que el Tribunal será quien resuelva, al final de este proceso, si le otorga 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, solicitados por Fiscalía, o no. De aprobarse, ambas irían a prisión.
