Avanza la investigación en el marco de la muerte del niño de 4 años en Calingasta, al que meses atrás le cayó un arco de fútbol arriba y por los fuertes golpes perdió la vida. El pequeño celebraba el cumpleaños de su hermano en un club contratado para la ocasión cuando cayó el arco de la cancha de fútbol lo mató.
En este escenario, Francisco Micheltorena, fiscal de la UFI Delitos Especiales, en Estación Claridad, señaló: "En la investigación se formalizó a los imputados, la posibilidad de existencia del delito de Homicidio Culposo. Actualmente estamos desarrollando todo lo que es tareas investigativas a los efectos de encaminar la acusación contra los imputados. Los elementos son los físicos, el arco que se cayó sobre el niño que no tenía las características adecuadas para que esté con menores".
En el caso, el ex intendente departamental Adolfo Ibazeta, quedó imputado en la causa y ahora se analiza cómo continuará la causa que está caratulada como Homicidio Culposo.
"A su vez se ha secuestrado el arco y a su se han desarrollado medidas investigativas tales como practicar una pericial de agrimensor sobre el campo de juego, a los efectos de determinar el desnivel existente en el campo, en el lugar en donde estaba situado el arco. Hemos practicado la extracción de datos de los celulares secuestrados a los imputados, es lo que estamos analizando en este momento a los efectos de determinar la vinculación entre los mismos para dilucidar si se mantienen las acusaciones con la misma intensidad contra ambos o se puede desligar a alguno de ellos", sostuvo el Fiscal.
En este marco, agregó: "Se ha tomado declaración a los padres del menor fallecido; con todas las tareas se requirieron los informes tanto a la municipalidad de Calingasta como a Planeamiento, para determinar la situación de habilitaciones que no estaban vigentes al momento del suceso".
En base a lo que detalló Micheltorena, el papel de ambos es, uno de ser dueño del predio, "y en tanto dueño y señor, permitir que el mismo sea explotado en las condiciones en las que lo hacía, sin contar con las habilitaciones ni adecuarse a la normativa vigente. Campillay era el encargado de la cancha y se está definiendo si la explotación la llevaba adelante en forma exclusiva o con la participación de Ibaceta".
"Al momento de secuestrarse la documentación se logró obtener un contrato de comodato pero estaba vencido. Con ese contrato Campillay tramitó las habilitaciones que en un principio se las expidieron en forma provisoria y luego vencieron, estando vencidas holgadamente al momento de ocurrir el sucedo. Ahora los imputados están en libertad y al momento de que el Juez dicte la pena, se deberá determinar cómo aplica la pena. Si el Juez la deja en suspenso o de cumplimiento efectivo. La figura prevé una escala penal de 1 a 5 años y de 5 a 10 años de inhabilitación", finalizó
