Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas en la escuela secundaria Néstor Kirchner de Albardón. Allí una investigación encarada por la UFI de Delitos Especiales y por el ministerio de Educación, puso la lupa en el accionar de la directora y de una preceptora por posible adulteración de documentos de la institución.
"Hay una preceptora detenida ante presuntas maniobras de adulterar y falsificar instrumentos públicos que facilitaría que alumnos de otros colegios ingresen a la escuela Néstor Kirchner de manera irregular, y permitiendo que alumnos se gradúen cuando no podían, por ende el ministerio emitía el certificado cuando no se lo merecía", comenzó explicando el fiscal a cargo de la UFI, Ivan Grassi en radio Estación Claridad.
El funcionario judicial explicó que existe la prueba material que compromete a los implicados, entre ellos las "declaraciones de profesores que se acercaron a la UFI o fueron citados a declarar y dijeron 'yo aprobé 30 alumnos, y estos 4 alumnos que figuran en el listado no los conozco y ésta no es mi firma'".
Grassi señaló que el "ministerio de Educación ya había advertido irregularidades en dicha escuela y eso llevó a que en el 2020 la directora fuera derivada (estaba ahí desde el 2015) y al avanzar con la investigación se presentaron en la Unidad Fiscal" el pasado 23 de abril. "Cuando investigamos, consideramos que se estaba dando un delito y se llevó a las detenciones", agregó.
Como parte de la investigación se llegó a material comprobante pero en un contexto complejo ya que el acceso a la documental no fue fácil porque estaban en armarios cuyas llaves las tenía la directora.
Por otro lado, se destacó que "administrativa la escuela tenía problemas y cuando se depuró el sumario administrativa se detectó no solo irregularidades administrativas sino delitos". Por eso se decidió encausar todo en el ámbito penal.
Por ahora se tienen las planillas adulteradas y otros documentos pero se desconoce si hubo una intención económica que motivó la maniobra en los implicados. Eso ya es materia de investigación.
El delito por el que se la investiga tiene penas de 1 a 6 años pero concursados de manera conjunta puede dar 12 años de prisión. "Eso no quita que sea compleja y grave porque son funcionarios públicos, que reciben un sueldo del Estado y el Estado deposita en ellos una institución educativa", finalizó Grassi.
