Muy complicada. Así es la situación que cae sobre Paolo Carabajal, el joven de 21 años que el viernes pasado quedó detenido en la causa que se investiga el crimen del policía de la Federal, Miguel Ángel Carbajal de 54 años, cometido en la Villa Huarpe en Pocito.
El hombre quedó detenido después de que las pruebas colectadas lo complicaran y el juez consideró necesario aplicar los 6 meses de prisión mientras avanza la investigación penal preparatoria.
"Dada la gravedad de la imputación y la circunstancias evidenciadas por el Ministerio Público Fiscal, considero que existen elementos que tornan necesaria la aplicación de la medida solicitada y así garantizar el éxito en el proceso judicial", señaló el juez de garantías Gabriel Meglioli al momento de informar que daba luz verde para que el único detenido por el asesinato fuera enviado al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la causa judicial.
Los elementos a los que hace referencia son los que dan cuenta de la coartada que habría tramado el hijo para matar a su padre y que fueron puestas de manifiesto por el Ministerio Público Fiscal en plena audiencia.
Las pruebas colectadas permitieron inferir a la fiscalía que el joven mintió inicialmente a sus familiares sosteniendo que había arribado a la provincia proveniente de Salta, de donde es oriundo. Paolo Carabajal informó que había llegado el 15 de noviembre, posterior al hecho, tras enterarse de lo que sucedió con su padre. Y así se lo hizo saber a la justicia cuando dio testimonio en la etapa de investigación.
Sin embargo no fue así. Cuando el MPF avanzó con la investigación, comprobó que arribó el viernes 12 de noviembre y luego, con la triangulación de antenas, marcó que el día del hecho, el 14 de noviembre, su celular estuvo en el lugar del crimen.
A partir de estos dos datos se formalizó la investigación por Homicidio Doblevemnte Agravado por el vínculo y por alevosía. A partir de esto fue enviado al Servicio Penitenciario y la pena prevista es la "más gravosa" del Código Penal, que es Reclusión Perpetua.
Ahora la fiscalía trabaja en la producción de las pruebas restantes que son tanto tecnológicas como financieras que se han pedido.
