El 1 de mayo pasado, Federico Abran Contreras (36) y Romina Castro (30) sufrieron un brutal choque en la intersección de calle San Lorenzo y San Juan, en Santa Lucía. Ambos iban en una moto y fueron embestidos por una camioneta F100 conducida por un hombre de apellido Leiva (70). Producto del impacto, el conductor de la moto falleció.
A casi 6 meses de aquella tragedia, el conductor de la camioneta estuvo sentado frente al juez. En la ocasión la fiscalía explicó que el conductor de la camioneta no frenó ante un cartel de PARE que había en el cruce. A raíz de esto embistió a la moto y producto de esto murió Contreras.
El pedido de la fiscalía, representado por el fiscal Renato Roca, es de 3 años de prisión y 5 de inhabilitación. Si bien esta causa por la que se lo juzga es excarcelable, la condena que recaiga sobre el imputado será efectiva. Esto se debe a que el conductor de la camioneta tiene una condena anterior de cumplimiento en suspenso.
Al no haber cumplido 8 años desde esta última condena en suspenso, el Código Penal establece que esta nueva condena no pueda ser también en suspenso y deberá ser efectiva.
La difícil lucha
Romina Castro, esposa de Federico Contreras, tuvo que ser operada por una fractura de fémur tras el siniestro vial. Ella quedó sola con sus tres hijos menores de edad y tuvo que abandonar la casa que alquilaban. A través de la Línea 149 de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, Romina recibió asistencia legal y psicológica gratuita y se le otorgó un subsidio económico para cubrir los gastos necesarios inmediatos de ella y de sus hijos. Se trata del primer caso en la provincia y el segundo en todo el país, y es el resultado del trabajo articulado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Desarrollo Social.
Mientras Romina estaba internada recuperándose de la operación, Jorge, su padre, se contactó con la Línea 149, donde recibió asesoramiento legal y la posibilidad de contar con la cobertura de tratamiento psicológico presencial para su hija y sus nietos.
Además, desde el equipo multidisciplinario de la Red se constató la situación de la familia: Federico era albañil, sin ningún tipo de cobertura social, y ella trabaja en el programa estatal “Potenciar trabajo”. Debido a que el siniestro vial generó una pérdida en los ingresos familiares, se realizó un informe y se tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Social Nación, para evaluar la posibilidad de asistir de manera económica a la víctima, en el marco del Programa Ayudas Urgentes. Luego del proceso de análisis que se realiza para estos casos, a cargo de profesionales en la temática social, se resolvió otorgarle a la víctima un subsidio por única vez para la cobertura de los gastos básicos familiares.
