El pasado 11 de octubre una brutal pelea entre internos en el Servicio Penitenciario, terminó con la vida de un hombre en manos de conocidos criminales con una historia que todavía pesa en San Juan.
Se trata de los hermanos Claudio y Javier Díaz, quienes cumplen condena por la muerte de la pequeña Uma Calvo, la beba de sólo 3 meses que estaba en los brazos de su mamá y que fue alcanzada por una “bala perdida”, el 4 de enero de 2014 en Pocito. En este nuevo escenario, los señalados por la muerte de la bebé habrían terminado con la vida del recluso Andrés Rosselot, quien también cumplía condena por un homicidio, y su defensa ya prepara los argumentos para una mediación contra el Estado.
“Solicitamos que se indemnice a la familia de la víctima, hemos pedido la suma de $2.000.000, no es mucho ya que Rosselot cumplía pena perpetua por un homicidio. En ese caso, si hubiese estado por una causa menor, la suma de dinero hubiese sido mayor”, comenzó explicando la abogada defensora de la familia e integrante de la querella, Filomena Noriega a Diario La Provincia SJ.
“Quedó confirmado mediante las cámaras de seguridad que fueron los hermanos Díaz quienes lo asesinaron. El personal del servicio penitenciario debía cuidarlo ya que su castigo era estar privado de la libertad, no la muerte”, agregó.
Rosselot, quien cumplía una condena por el homicidio de un agricultor de la zona de Pedernal, fue atacado con armas de fabricación casera y murió por los puntazos que recibió. La causa se encuentra en el Cuarto Juzgado de Instrucción a cargo del juez Martín Heredia Zaldo
La condena por el caso Uma
Claudio y Javier Díaz son hijos de Sergio "Checho" Reyes uno de los más señalado como autor del crimen de aquella bebé que conmovió a la provincia.
En el marco de la investigación por la muerte de la nena, las detenciones y declaraciones se llevaron a cabo durante 2 meses y luego de más de dos años, el 28 de marzo de 2016, en juicio oral y público concluyó con 11 procesados reconocidos como integrantes de las dos bandas, quienes recibieron sentencia.
Siete de ellos fueron condenados a cadena perpetua, sentencia máxima en masa que jamás se había dado en San Juan. Uno a 2 años y 6 meses de prisión por encubrimiento y tres quedaron absueltos.
