Este lunes, siete abogados, el Tribunal de Jueces a cargo de la Causa y dos fiscales participaron de la inspección ocular de la Comisaría 17 en la causa que se investiga la venta de estupefacientes presuntamente por parte de algunos uniformados de la fuerza provincial. La inspección comenzó a las 15 horas y no contó con la presencia de los imputados en la causa.
"Hemos hecho la inspección ocular, como lo dispuso el Tribunal, a petición de la defensa. Hemos recorrido la Comisaría, hemos visitado los ambientes que se allanaron y requisaron en aquel momento. Algunas oficinas cambiaron de mobiliario, de fisonomía. Otras están iguales pero todo esto nos permite conocer el funcionamiento de la comisaría y los funcionarios que estaban en aquel momento", indicó la fiscal de la causa, Gema Guillén, quien indicó que no se pedirá otra inspección ocular.
La causa investiga a cinco expolicías de la Comisaría 17° de Chimbas, acusados de "Venta de estupefacientes en asociación ilícita, agravada por la condición de funcionarios públicos", tras estar un año detenidos. Los uniformados tenían 53 kilos de marihuana escondidos en un auto secuestrado, además de un arma y teléfonos celulares que fueron peritados y cuyas llamadas los comprometieron aún más.
Por su parte, la abogada defensora María Noriega indicó que el resultado de la inspección ocular "fue bastante fructífera". "Una cosa es ver el croquis, el expediente y el dibujo. Otra es tomar contacto con la dependencia. Preguntamos a lo oficiales, que nos atendieron muy bien, y vimos que hubo una modificación como dijo la fiscal. Encontramos una oficina que tuvo tres funciones como accidente, sumario y servicio. Además hay una parte nueva donde funciona Flagrancia desde el año pasado", explicó la abogada Filomena Noriega quien señaló que "la brigada de calle ya no existe, simplemente está el jefe de sumario que recibe ordenes del juez".
"Este caso, mi cliente estuvo un mes, no ejercía, no tenía acceso a todas las dependencias, simplemente tuvo acceso a la zona para tomar café. Además habían dependencias que no tenía llaves", agregó la abogada que defiende al detenido de apellido Poblete sobre el que cae la caratula de "venta de estupefacientes, agravado por ser funcionario público como así también la intervención de más personas".
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