Elisa Sánchez, una mujer con cáncer de mama y mamá de cuatro menores, que se encadenó a una reja de su casa para evitar el desalojo por el reclamo de honorarios de un abogado que actuó en la sucesión de ese inmueble, permanece en la vivienda tras una decisión judicial. En tanto, una de las partes que quedó en medio de la polémica, fue el juez que avaló la orden y este jueves argumentó cómo se llegó a esa instancia.
"La orden es el resultado final de un procedimiento seguido en este juzgado en el que se preservaron todos los derechos y las garantías constitucionales de la señora Sánchez y de los herederos de la causante del expediente (mamá de Elisa, quien falleció hace varios años). Se presentaron un sinnúmero de incidencias a las que se les dio trámite como corresponde a los fines de preservar el derecho de defensa y he emitido los pronunciamientos correspondientes. Todos fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones. Como consecuencia, la orden de ayer tuvo curso en la parte final del proceso que trata de adquisición del inmueble (la casa) en pública subasta por parte del adquiriente, que es el abogado Villalobos", expresó el magistrado Carlos Fernández Collado del Quinto Juzgado Civil a radio Estación Claridad.
El letrado presentó su reclamo para cobrar $80.000 de honorarios por la sucesión de la casa. "Él realizó una tarea profesional con el expediente y sus honorarios estuvieron regulados en la causa. Por eso, tiene derecho a la ejecución del o los bienes suficientes para satisfacer su crédito. La ley de fondo reconoce privilegios y preferencias en favor de los letrados para poder cobrar", destacó.
"Acá no hubo omisiones ni vicios procesales. Lo que se debe aclarar es que seguramente la señora sólo tenía ese bien para ejecutar la tasa para cobrar los honorarios y el saldo restante de la venta de la casa es para los herederos, es decir Elisa Sánchez y su hermano. Precisamente él pidió el retiro de los fondos sobrantes de la venta. Entonces hay un contrasentido y una discordancia entre los herederos que en algún momento habrá que solucionar".
La medida judicial que impidió el desalojo rige desde ayer y "fue acordada entre ejecutante (abogado Villalobos) y ejecutada (Elisa Sánchez) con intervención de las fuerzas de seguridad y depende del abogado ejecutante cuándo va a querer retomarlo. El asesor de menores y las entidades como la Dirección de la Niñez y Adolescencia fueron notificados para preservar los derechos de los chicos y están al tanto de la situación", sentenció.
