El juez Esteban De la Torre, del Tercer Juzgado de Familia, detectó presuntas irregularidades penales cometidas en el caso de adopción de un niño. Por la situación, el Juez resolvió elevar el caso a la fiscalía penal en turno para que determine la “posible comisión de un delito perseguible” por parte de María Rosa Páez y Rubén Darío Martínez.
Una se las irregularidades se habrían manifestado cuando el Juzgado tomó conocimiento del mecanismo que utilizaron presuntamente el matrimonio con el fin de asegurarse la entrega de un bebé.
Según lo que detectó el Gabinete Técnico, eso ocurrió cuando la madre biológica del bebé se encontraba entre los 6 y 7 meses de gestación y hasta su nacimiento.
El matrimonio Martínez y Páez, que no conocía a la mujer gestante, habría tomado conocimiento el embarazo a través de una tercera persona. Posteriormente, la investigación indica que la habrían contactado y le habrían propuesto hacerse cargo del bebé que iba a nacer, asumiendo la guarda.
La entonces embarazada habría aceptado la propuesta del matrimonio, quienes habrían asumido los costos del tratamiento médico del embarazo, medicamentos, parto y honorarios de los médicos.
Asimismo, la mujer habría aceptado también que el matrimonio se hiciera cargo de la ligadura de trompas que solicitó como la cesárea, de los costos de la internación, entre otros pedidos.
Además, se presume que el médico y su equipo habrían estado informados de la presunta maniobra por parte de los esposos, quienes habrían presenciado el parto. Y una vez que la parturienta fue dada de alta, habría salido de la Clínica con el bebé en brazos y se lo habría entregado al matrimonio, quienes habrían elegido el nombre del bebé.
Las razones mencionadas fueron claves para que juez del Tercer Juzgado de Familia, De la Torre, considere que se está ante una presunta violación la normativa supranacional relativa a los Derechos del Niño y las normas en materia de adopción de menores de edad.
Y esta presunta acción deliberada por parte del matrimonio, habría tenido como finalidad eludir el proceso legal de adopción que es el único medio para modificar la “identidad” del menor.
Por la situación irregular en la que se encontraba el menor, que fue advertida por personas ajenas al vínculo familiar, se lo separó de los cónyuges Martínez y Páez. Y quedó bajo una internación provisoria en un hogar dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia hasta que sea incorporado en el proceso de adopción.
