viernes, 17 de julio de 2015
10:35
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El 7 de octubre de 2012, una mujer embarazada de siete meses, Analía Verónica Gómez ingresó al Penal de Chimbas con 28 cigarrillos de marihuana y una pastilla del fármaco diazepam, de la marca Valium. En la cárcel estaba su marido y padre del bebé Raúl Montaña para quien se cree que estaban destinados los estupefacientes.
Por este hecho, la mujer quedó detenida bajo el delito de tenencia simple, que lleva una pena excarcelable de 1 a 6 años de prisión. Sin embargo si se confirmaba que la droga era para su esposo la pena podía agravarse de 4 a 16 años de cárcel.
En este contexto, en la Justicia Federal se despertó una polémica que ya da que hablar en la prensa local y nacional. Es que, según publicó Perfil, el fiscal de justicia legítima Javier De Luca hizo un polémico pedido para sobreseer a la mujer de un preso que ingresó con 28 cigarrillos de marihuana a la cárcel para dárselos a su marido. "Es inhumano exigir una conducta diferente al cónyuge del adicto que intenta ingresar estupefacientes para su pareja", explicó.
Para de De Luca todo parece ser mucho menos grave aún. "Las circunstancias que rodearon al hecho permitirían afirmar que nos encontramos frente a una causa de justificación o un supuesto de inculpabilidad", escribió en su dictámen y continuó: "la leve cantidad de estupefacientes secuestrados en poder de la imputada que coloca su conducta en el límite de la insignificancia".
Pero el argumento más enfático de De Luca giró en torno a que no se le podía pedir a la mujer que no le llevara droga a la cárcel a su marido. "El esfuerzo que hubiera requerido rehusarse a realizar el suministro y a rechazar satisfacer las necesidades de su concubino supera lo jurídicamente reprochable”, escribió, en uno de sus párrafos más polémicos.
"Lo contrario equivaldría a exigirle que ignore sus peticiones y ponga en riesgo el vínculo que los une, con las consecuencias que ello podría traer aparejada en la crianza del hijo que esperaba", finalizó.