Por Raúl Moreno. Contador Público. MBA
El economista británico John Maynard Keynes nació un 5 de Junio, el mismo día que Adam Smith, sólo que 160 años después. Tuvo entonces la ventaja de criticar la teoría de su antecesor que pensaba que la sola actividad económica hacía las veces de una "Mano Invisible” que nivelaba constantemente la oferta y la demanda de bienes y servicios.
Para Keynes, por el contrario, el sistema capitalista no tiende, por sí solo, a lograr un equilibrio de pleno empleo de los factores productivos, sino que, hace falta que el Estado intervenga en la economía para nivelar la oferta con la demanda. Si la demanda cae, el Estado debe incrementar su gasto público para compensar la merma de la caída del consumo privado evitando, de esta forma, la recesión y el desempleo.
La teoría keynesiana ha servido como argumento para justificar, tanto aquí como en el resto del mundo, un aumento importante del Gasto Público en los últimos 15 años.
Sin embargo el gobierno utiliza, para cumplir sus funciones, un conjunto de recursos humanos y materiales que deben ser financiados de alguna manera. El financiamiento tiene que estar necesariamente a cargo de los individuos donde está operando el Estado a través de la creación de nuevos impuestos a la actividad productiva, que, tarde o temprano, comienza a gestar una presión tributaria desproporcionada que dificulta el crecimiento de la economía, provocando un círculo vicioso que termina por no beneficiar a nadie.
La gran diferencia con el resto de los países, radica que en nuestro país, también ha servido para justificar un proceso creciente de intervencionismo y estatización de empresas.
El decreto 1238 del 2003, firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde, comenzó un ciclo de estatizaciones en empresas argentinas, al entender que el Estado se tenía que hacer cargo de los empleados de Dinar y LAPA, dos compañías aéreas privadas.
Consciente o inconscientemente, esta solución abrió la puerta para que otras empresas vieran al Estado como un posible cliente del paquete accionario.
Así se sucedieron una serie de estatizaciones donde el Estado se hizo cargo de empresas que comenzaban a ser deficitarias, como una forma de solucionar los crecientes problemas que había generado la crisis del año 2002, varias de las cuáles habían sido privatizadas en la década anterior.
Los problemas con el Correo Argentino, las AFJP, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, trenes y otras empresas, siempre la solución fue la estatización. Todo ello siempre adornado con frases de fuerte contenido patriótico como "aerolíneas de bandera” o "soberanía energética”.
Quién se animaría entonces a criticar este creciente intervencionismo si se lo vincula con causas tan nobles y patrióticas?
El Estado ahora, además de velar por la seguridad, defensa, educación y salud, se vuelve capitalista y debe velar por la rentabilidad de empresas y negocios que no le son propios. Aquí nace una nueva incógnita, ya que persiste la eterna discusión de quién va a velar por la eficiencia del gasto público.
Algunos datos interesantes para destacar en este sentido comienzan con un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), donde reveló que el peso del Estado ya representa el 42,5% de la economía local.
Entre los años 1997 y 2011 la cantidad de empleados en el sector público nacional pasó de 720 mil a 1,5 millones, es decir una tasa de crecimiento promedio de 5% por año, cuando, en el mismo período la población total del país creció a razón del 1% anual. Es decir, la tendencia es que el empleo público crece 5 veces más que la población total. Salir de este esquema, si fuera necesario, no será fácil y llevará mucho tiempo.
