Por Raúl Moreno. Contador Público. MBA
Pocas cosas traban más el desarrollo de un país como la corrupción. La corrupción política impide a un país crecer con la eficiencia que debería ya que muchas veces veremos al gobierno contratar obras o servicios a un precio mayor que su valor de mercado o favorecer situaciones de inequidad. Así, de cada peso que el gobierno aplica a la educación, a la salud, a la seguridad y otras tareas que le son propias, pocos centavos aportan a la mejora efectiva de la gestión pública.
La corrupción también mata, porque el desvío de fondos que podrían ser aplicados para mejorar el estado de una ruta, deriva en rutas más inseguras. En el caso de la atención de la salud, la falta de inversiones, insumos, capacitación, honorarios médicos y servicios provocan muchas muertes al año.
La corrupción política es una realidad mundial, su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Los países nórdicos se perciben como menos corruptos que los asiáticos, africanos y sudamericanos.
Transparencia internacional es la institución que elabora anualmente el índice de percepción de corrupción, Argentina está de la mitad de la tabla para abajo ya que ocupa el puesto 102 de un total de 174 países. En una escala de 1 a 10, nuestra calificación el año pasado, fue 3,5. Con esa nota ni siquiera aprobamos. Muy cerquita, nuestros vecinos de Chile y Uruguay están en el puesto 20, con una envidiable calificación de 7,2.
Pero no tenemos que sentirnos solos, nos ubicamos en un gran pelotón, porque la corrupción es un problema global. El ranking revela también que en todo el mundo, un 70% de los países tienen menos de 5 puntos.
En nuestro país, si bien hay que reconocer que las reformas en el sector público han avanzado, resta un largo camino por recorrer. La Oficina Anti Corrupción, creada en Argentina a fines del año 1999, tiene dos grandes pilares, la prevención y la corrección. Uno debería entender que la labor de esta oficina es de las más arduas del Estado, sin embargo los resultados de su gestión están lejos de causar impacto.
El objetivo de esta lucha es proteger los fondos públicos del robo y el fraude, pero también del nepotismo y favoritismo, evitando actos de corrupción como el soborno, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
La lucha contra la corrupción representa un desafío ya que desarrolla sus propios anticuerpos que van impidiendo la transparencia y el normal funcionamiento de las instituciones de la República, entre otros efectos nocivos.
El Anti Corruption Resource Centre (www.u4.no) es una de las instituciones más activas a nivel mundial que elabora informes y desarrolla programas de capacitación para prevenir los efectos de la corrupción. Su último informe, a cuya lectura remito, destaca que combatir la corrupción requiere de un trabajo mancomunado entre organismos públicos e instituciones civiles, y tal vez sea esto lo más dificil de cambiar, ya que en una cultura corrupta, el ojo de la sociedad es más permisivo.
Para lograr mejores resultados, se deben promover reformas en distintos ámbitos. La reforma judicial debería buscar la independencia judicial, la reforma administrativa debería asegurar la libertad de información y establecer procedimientos transparentes para mejorar la responsabilidad y eficiencia.
La Sociedad Civil también debe Involucrarse en los procesos y lograr sensibilidad ante conductas corruptas. En pocas palabras, el Gobierno debería poner estas reformas entre sus prioridades y la sociedad reclamarlas como tales.
