El 2025 se perfila como un año complicado en lo que respecta a las paritarias entre el Gobierno Nacional y los gremios del sector público. Desde algunos sectores gremiales ya adelantaron será un "año delicado", con la posibilidad de que el Ejecutivo termine firmando los acuerdos salariales por decreto, como ocurrió en el ajuste del salario mínimo. En un contexto de inflación desbordante y una pérdida del poder adquisitivo que ronda los 30 puntos, tanto UPCN como ATE se ven obligados a adoptar una postura más combativa.
Según publicó diario Clarín, el 30 de diciembre de 2024, el Gobierno reanudó las negociaciones paritarias con los sindicatos estatales, pero la reunión se suspendió rápidamente por un cuarto intermedio. En ese encuentro, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento salarial del 1% mensual para el primer cuatrimestre del 2025, lo cual fue rechazado de inmediato por ambos sindicatos. Se espera que las partes se reúnan nuevamente entre el 15 y el 20 de enero para intentar llegar a un acuerdo que pueda ser aplicado a los sueldos de febrero. Sin embargo, las perspectivas de un consenso parecen lejanas, dado el escenario de tensiones y desacuerdos.
La política económica del Gobierno, centrada en la reducción del gasto público, complica aún más las negociaciones. Funcionarios como la vicejefa de gabinete, Victoria Villarruel, decidieron congelar las dietas del Senado hasta finales de marzo, mientras que los altos funcionarios del Ejecutivo llevan más de un año con los salarios congelados. Este ajuste en las remuneraciones ha generado malestar incluso entre los técnicos responsables de la negociación con los gremios, quienes temen que los sueldos continúen congelados por tiempo indefinido.
En cuanto a las expectativas de los gremios, las ofertas salariales para el 2025 no logran cubrir la disparidad con la inflación de 2024, que superó el 112%. Mientras UPCN plantea no aceptar paritarias a la baja ni aumentos del 1% mensual, los gremios advierten que el Gobierno podría verse forzado a fijar por decreto los incrementos salariales, dado el agotamiento de las negociaciones. La situación se complica aún más al reconocer que la recuperación de la pérdida salarial sufrida en 2024 es "imposible" en el actual contexto económico.
Por otro lado, ATE ha endurecido su postura, y su líder Rodolfo Aguiar sostiene que el Gobierno de Javier Milei ha decidido que el 2025 sea un año de "alta conflictividad" en el sector estatal. Aguiar también criticó la militarización de la administración pública, señalando que la reciente ola de despidos en áreas como Derechos Humanos ha llevado a una situación nunca vista desde la dictadura. En este clima de incertidumbre, el Gobierno también anunció un nuevo régimen de contratación en el empleo público, que incluye un "virtual congelamiento" en la planta estatal y restricciones adicionales en las contrataciones.
Este año, las paritarias del sector público se presentan como un desafío complejo, en el que la falta de acuerdos podría derivar en una mayor tensión social y política, lo que profundizaría aún más la conflictividad entre el Ejecutivo y los sindicatos. El desenlace de estas negociaciones será clave para entender cómo el Gobierno manejará su relación con los trabajadores estatales y el impacto que tendrá en la economía del país.
