Malestar

El Gobierno Nacional no indemnizará a los 14.000 cesanteados de la administración pública de todo el país

El argumento oficial es que no hubo despidos masivos, sino “bajas" de contratos, una postura con la que buscan desalentar los juicios laborales.
viernes, 17 de mayo de 2024 00:00

El Gobierno Nacional no le pagará indemnización a los empleados que fueron cesanteados de la administración pública de diferentes oficinas de todo el país. Durante la gestión del presidente Javier Milei, quedaron sin trabajo alrededor de 14.000 personas, número contabilizado hasta fines de marzo.

Según publicó diario Clarín, el argumento oficial es que no se trató de despidos masivos, sino de “bajas” de contratos, con la intención de desalentar los juicios laborales. Sin embargo, especialistas consideran que habrá reclamos igualmente. Esta decisión se conoció dos semanas antes del vencimiento de una nueva tanda de contratos.

Las definiciones provienen del informe de gestión de más de 1.000 páginas presentado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Senado. El informe señala que “al 31/03/2024 se registran un total de 14.000 bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada” y aclara que "el personal cesanteado no equivale a personal cuyo contrato no ha sido renovado", ya que la cesantía es una sanción (Ley N° 25.164) resultante de un proceso sumarial.

La encargada de este ajuste es la secretaría de Transformación y Reforma del Estado, que quedó vacante tras la renuncia en marzo de Armando Guibert, quien fue responsabilizado por el aumento del 48% del salario del Presidente y sus ministros. Esta área depende de la subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado, dirigida por el contador y exgerente de BGH Jorge Harán, y la de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, encabezada por Rosana Reggi, quien sustituyó en marzo a Martín Boccacci, el segundo de Guibert.

En respuesta a preguntas de varios legisladores sobre la situación de los empleados públicos, la secretaría bajo la órbita de Posse indicó en el documento oficial que el personal contratado no renovado “no requiere ser suplido, ya que obedecen a una readecuación de funciones y alcances de los Organismos que integran la APN (Administración Pública Nacional)".

“En líneas generales, no se llevaron a cabo despidos masivos, sino que el Estado, en uso de sus facultades discrecionales y su poder de administración, optó por la no renovación de personal contratado por tiempo determinado bajo el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 cuyo plazo de vigencia ya había finalizado”, afirmó la jefatura de Gabinete.

Fuente: Clarín

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