En un comunicado extenso, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de definir cuidadosamente la estrategia de inmunización contra el dengue, enfatizando que esta decisión no puede estar sujeta a presiones de sectores que difunden desinformación y generan alarma pública.
El Gobierno recuerda que si bien la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, hasta la fecha ni el gobierno anterior, los expertos en enfermedades infecciosas, ni los organismos internacionales han llegado a un consenso para recomendar su inclusión en el calendario nacional de vacunación.
Se subraya que la vacuna sigue siendo objeto de estudios para determinar su eficacia en diferentes grupos de edad y regiones endémicas, y que aún no ha sido autorizada por la FDA de Estados Unidos.
Además, se enfatiza que la vacuna no ha sido validada como una herramienta para controlar la transmisión del virus durante el actual brote, según un informe reciente de la OPS sobre la situación del dengue en la región.
El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de evaluar la situación con seriedad y responsabilidad sanitaria, sin ceder ante presiones que pongan en riesgo la salud de la población argentina.
Se hace un llamado a las empresas farmacéuticas para que eviten influir en las decisiones sanitarias con intereses comerciales, y se rechaza la difusión de información que cause miedo y confusión en la población.
El Gobierno aprovecha la ocasión para recordar la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos como primera medida para combatir el dengue, haciendo hincapié en la necesidad de un trabajo local y domiciliario para abordar este problema.
Se responsabiliza al gobierno anterior por la falta de prevención y la situación actual, señalando la falta de adquisición de larvicidas para las provincias desde el año 2022.
El gobierno actual promete continuar combatiendo el dengue basándose en evidencia científica y manteniendo una comunicación constante con todos los ministros de salud de las 24 jurisdicciones, dejando de lado las diferencias partidarias.
Se concluye que las políticas implementadas hasta el momento cuentan con el consenso de todas las autoridades sanitarias del país.