El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa que tuvo a su cargo el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021, condenó a Prisión Perpetua a la madre y la pareja del menor.
Se trata de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez quienes decidieron no estar presente a la hora de la lectura de la sentencia. Las acusadas no estaban obligadas a presenciar la audiencia en Santa Rosa y podían seguirla desde el penal de San Luis. El 2 de febrero pasado, cuando se las halló culpables, ni siquiera la siguieron de manera remota, ya que prefirieron continuar con sus rutinas en el penal.
El Tribunal de Audiencia, integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, resolvió, además, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, que había sido formulado por los defensores oficiales de ambas condenadas.
Los jueces incluyeron como “accesoria” de la pena un artículo del Código Penal que establece que “la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito”.
La resolución añade que ambas condenadas quedarán incorporadas al Registro de Antecedentes de Condenados por delitos contra la integridad sexual.
La última audiencia pública se hizo en el marco de otra movilización popular frente a las puertas del Centro Judicial de la Capital Pampeana, convocada por la Asociación Civil "Lucio Dupuy", que fue creada por su abuelo Ramón para luchar por los derechos de las infancias, y que tuvo como consigna "Que se haga justicia - Reclusión perpetua para las asesinas".
En tanto, más de 150 mil personas sumaron su firma a una campaña lanzada a través de la plataforma de Change.org (www.change.org/JusticiaPorLucio) en reclamo de "justicia por este niño" y de que se investigue además "a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada".
En el marco de este proceso, las acusadas fueron halladas por un jurado popular culpables y de esta forma este viernes se cerraron las audiencias con la imposición de penas que fue transmitida de manera abierta al público a través de internet.
De la audiencia participarán el padre del niño Christian Dupuy; sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez; el abogado querellante, José Mario Aguerrido; el equipo del Ministerio Púbico Fiscal, integrado por Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos; y las asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes, Graciela Massara, y Gabriela Manera.
Tras conocerse la sentencia, diputados del oficialismo y de la oposición pampeanos presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio a su madre.
El 13 de febrero pasado la fiscala Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal solo prevé solamente esa pena.
El abogado querellante particular, en representación de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del C.P., en relación con el 80.
Lo fundó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a "un chico absolutamente vulnerable", agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.
Por su parte, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez, le pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua - con las normas vigentes hoy en el país - "solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua".
Además, solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años); y afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.
Por último, el defensor oficial Pablo De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares y requirió que se le fije "una pena en años", con lo que coincidió en que "la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional" ya que "los tratados internacionales impiden la aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes".
