Fernando Sabag Montiel, detenido tras intentar disparar con un arma a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se negó a declarar ante la Justicia sobre el intento de asesinato. Sin embargo, reconoció como propia el arma que usó y tuvo expresiones racistas con los manifestantes, que cuando lo detuvieron le provocaron un moretón en un ojo.
La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo buscan determinar si Sabag Montiel actuó solo o si es parte de una conspiración, por lo que los investigadores analizan las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que hizo el detenido, su teléfono celular y sus artefactos electrónicos. Por ahora toda la evidencia recolectada señala que actuó solo, dijo a diario La Nación una fuente de la investigación. Todavía restan realizar muchas medidas de prueba.
Asimismo, los investigadores judiciales pusieron en la mira a los integrantes de la custodia de la vicepresidenta, que actuaron de manera negligente, sin evitar que el atacante armado se acercara Cristina Kirchner y sin evacuarla de inmediato.
La indagatoria fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo que se trasladaron a las 19 desde los tribunales de Comodoro Py 2002 hasta la sede del cuerpo de Policía Montada, de la Policía Federal, en la calle Cavia y Figueroa Alcorta en Palermo, donde está el preso. Los funcionarios judiciales optaron por trasladarse ellos, en lugar de trasladar al detenido por razones de seguridad.
Sabag Montiel, asistido por el defensor oficial Martín Hermida, reconoció ante la Justicia que la pistola calibre 32 que utilizó era suya. Dijo que se la había prestado un vecino. La Policía corroboró la información y determinó que la pistola pertenecía a una persona que falleció hacía dos años. la pistola tenía parte de la numeración limada y parcialmente conservaba el número 025.
Sabag Montiel está acusado del delito de tentativa homicidio, que podría ser calificado, por lo que en caso de ser condenado se expone a una pena de 23 años de prisión, casi la pena máxima de 25 años para el homicidio simple, en caso de que fuera consumado.
