El fiscal Diego Luciani dijo que no encontró “un solo atenuante” de la pena solicitada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a quien consideró “jefa” de la asociación ilícita por las obras cedidas al empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.
Luciani expuso un listado extenso de las agravantes de la pena por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Refirió a una máxima de 16 años de prisión. En el listado de agravantes señaló la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió la Vicepresidenta.
También señaló al “cargo” que ocupaba ella y su marido, en referencia al fallecido Néstor Kirchner. Otro punto fuerte es “el desprecio a la ciudadanía” y “la falta de arrepentimiento” por parte de ella. Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López dijo que tampoco obtuvo “atenuantes” de la pena.
Sobre la Vicepresidenta también valoró su "nivel educativo" para haber cometido el delito que se está juzgando y que fue "la principal usufructuaria" de la maniobra: 5.321 millones de pesos fue el perjuicio a la administración pública que definieron los fiscales en los 12 años investigados, desde 2003 a 2015.
Sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López tampoco dijo encontrar “atenuantes” de la pena y en el caso del exministro tuvo en cuenta las condenas anteriores.
Uno por uno el fiscal Luciani evaluó agravantes y atenuantes y en la mayoría de los 13 implicados no encontró elementos para suavizar las penas pedidas, que ya había adelantado podían alcanzar un máximo de 16 años teniendo en cuenta la máxima de la figura de asociación ilícita que es de 10 años y el de defraudación de 6 años.