El Gobierno anunció hoy que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y así alcanzar una "representación más equilibrada" en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género.
Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado. El proyecto contempla sumar un juez, un abogado y uno del estamento académico o científico y "ninguno pertenece al estamento político", aclaró Cerruti.
También se incorpora la cuestión de género y de equidad de género en la representación de los distintos estamentos, en el cual no menos dos de los jueces, al menos tres de los legisladores, no menos de dos de los representantes de abogados y al menos una de los académicos o científicos deben ser mujeres.
Cerruti dijo que el Poder Ejecutivo (PEN) enviará el citado proyecto "en cumplimiento de lo que se comprometió el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo", dijo la portavoz. La portavoz de la Presidencia explicó que "luego de haber escuchado las voces y las sugerencias del Consejo Consultivo", el PEN "va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación para su evaluación y tratamiento un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura".
"Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura", indicó y agregó que la iniciativa busca avanzar en uno de los objetivos centrales del Gobierno en relación a "garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura".
El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.
