Judicial

Presentaron un amparo contra la prohibición de las reuniones sociales

La presentación la hizo el abogado y docente universitario Alejandro Sarubbi Benítez quien solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto mencionado.
viernes, 7 de agosto de 2020 10:35

A sólo dos días del dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia que prohíbe las reuniones sociales con la excusa del COVID-19 se interpuso en la Justicia una acción de amparo contra la norma. La presentación la hizo el abogado y docente universitario Alejandro Sarubbi Benítez quien solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto mencionado, del que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y de los sucesivos que prorrogaron la medida que ya lleva 141 días.

Según sostuvo el letrado en el escrito, las normas cuestionadas lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional. Y agregó que al restringir por decreto los derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacional de jerarquía constitucional, el Poder Ejecutivo Nacional “no sólo se excede en sus facultades sino que también abusa de su poder” ya que el Congreso comenzó a funcionar ya avanzada la cuarentena mientras que el Poder Judicial empezó a operar en plenitud de ejercicio y acceso recién a los más de 120 días de iniciado el confinamiento. En ese sentido Sarubbi Benítez advirtió que el poder del Estado fue concentrado en una sola persona -el Presidente de la Nación- sin que ningún otro poder participe en la toma de decisiones.

El abogado denunció que mientras se mantenga la vigencia de los decretos mencionados, para parte de la población argentina “no existe el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita en tanto la posibilidad material de tal cuestión fue directamente prohibida, con las consecuencias materiales y personales que pueden apreciarse con un simple análisis de la realidad actual.”

Asimismo, afirmó en la presentación que entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino fue expresamente prohibido, provocando que las personas sean incapaces de movilizarse sin solicitar permiso previo, y todo aquel que lo hizo sin solicitarlo fue perseguido por la Justicia, habiendo hasta la fecha “más de 10 millones de procesos judiciales iniciados fundados en el rompimiento de la cuarentena.”

Fuente: Infobae

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