El último día de septiembre finaliza el decreto de necesidad y urgencia con el que el Gobierno decidió congelar los precios de los alquileres durante seis meses y prohibir los desalojos de los inquilinos con deudas. El Poder Ejecutivo analiza, por pedido de las organizaciones que defienden a los locatarios, extender esa medida. El sector inmobiliario, por su lado, rechaza esa posibilidad porque considera que haría “un daño irreparable” para el mercado.
El congelamiento de alquileres y créditos UVA que decretó el Gobierno hasta el 30 de septiembre estableció que “se congelan los precios de los alquileres al valor de marzo” y además ordena prorrogar “la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria -inquilino-”. De esta manera, cualquier reajuste previsto en los contratos de alquiler queda sin vigencia hasta octubre.
Las asociaciones de inquilinos reclaman desde hace algunos meses que el Gobierno extienda hasta marzo de 2021 el congelamiento y llevaron incluso ese pedido al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Inquilinos agrupados estimó que un millón de personas podrían ser objeto de juicios por desalojo si en octubre volviera todo a la “normalidad” en el mercado de alquileres.
El Gobierno analiza en estos días la situación a través de distintos ministerios para tomar una decisión. Al mismo tiempo, dos elementos centrales de la nueva ley de alquileres aún no fueron reglamentados: por un lado, el registro de contratos y, por el otro, el nuevo índice de actualización anual del precio de alquiler.
Fuente: TN
