Siete familias de un consorcio de Capital vivieron una situación desesperante la semana pasada ya que denunciaron que el propietario les aumentó casi el doble de lo que pagaban de alquiler y los amenazó con desalojarlos. En esta y otras denuncias, la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos intervino y buscaba una pronta solución amparándose en el Decreto 320/2020 dispuesto a nivel nacional, que prohíbe el aumento de alquileres y desalojo hasta septiembre. Es por ello que, tras reuniones con el gobierno provincial, se llegó a un importante acuerdo.
"Surgieron graves situaciones como desalojos forzados con cortes de servicios, violentos en muchos de los casos, aumentos prohibidos, no entrega de CBU, cobros de alquileres por medio de delivery inmobiliario, generación de contratos con aumentos y demás situaciones que son contrarias al decreto nacional 320/20 y al que adhirió nuestra provincia el 16/04/20 por medio de la Ley 2040- A del Digesto Juridico de la Provincia", detallaron desde la Asociación.
Con este complejo panorama, se reunieron con representantes de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Pablo García Nieto, "y se logró que este ente sea por el momento quien entienda y actúe como intermediario en los conflictos entre Locador y Locatarios haciendo respetar el decreto 320/20. Además, transmitimos la necesidad de la creación de una Defensoría del Inquilino que no sólo en estos momentos es necesaria sino que antes ya Io era. De cara al futuro, es imprescindible ante tanto abuso inmobiliario", señalaron de la entidad, el presidente Víctor Bazán y el secretario Renzo Quero.
Para ello, todas las situaciones irregulares deberán ser expuestas a través de un mail enviado a defensordelpueblo@sanjuan.gov.ar
Las irregularidades
"Si bien algunos de los inquilinos tienen un contrato verbal, eso no deja de ser un contrato. Son situaciones indignas que no se deberían vivir, en una de las últimas mediciones que realizamos, el pago del alquiler representa un 54% de los ingresos de una familia sin contar servicios, el derecho a la vivienda debe estar garantizado", planteó Víctor Bazán a Diario La Provincia SJ.
Debido a los casos registrados en varios departamentos, es que en las últimas horas los integrantes de la Asociación se reunieron con autoridades del Ministerio de Gobierno para plantear la creación de una Defensoría de Inquilinos en San Juan, para actuar de manera directa como intermediarios.
"Desde que comenzó la cuarentena registramos un aumento de una magnitud que nos llamó la atención en este tipo de acciones, en varios casos del doble. Lo notamos desde los últimos años donde influyó el aumento del trabajo informal y la falta de poder adquisitivo con aumentos estrepitosos en los servicios. En estos casos, si los inquilinos no pueden pagar algunos meses, las inmobiliarias comienzan con las amenazas de desalojo o los dueños directos optan por cortar los servicios, como el caso del consorcio en Capital", agregó.
