Con concesiones para las provincias aliadas hasta el último momento y tras casi 19 horas de sesión, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de Presupuesto 2021, en la primera reunión con mayoría presencial desde que empezó la pandemia. Es el primero enviado por el gobierno de Alberto Fernández y busca enviar una señal al FMI en la previa a la negociación por la deuda.
Minutos antes de las 7 de este jueves, la iniciativa fue aprobada con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones, luego de una sesión había comenzado a las 14 del miércoles. El texto enviado por el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 29%, un dólar en torno a los $102, y un déficit fiscal primario del 4,5% del PBI, que al sumar los servicios de deuda alcanza el 6%.
“Son proyecciones moderadas, serias y cumplibles. Los escenarios macro son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”, defendió el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, frente a las críticas opositoras que señalaron que el proyecto ya “nació viejo”.
Para Juntos por el Cambio, el texto tiene "premisas insólitas". “Vemos a la Argentina como si fuera una obra teatral donde el guion se va escribiendo a medida que se va desarrollando la función. Encima venimos a escuchar que la culpa de la mala actuación la tiene el elenco que estuvo en la temporada anterior”, remarcó el radical Luis Pastori, en alusión a las críticas del oficialismo a la gestión de Cambiemos.
La principal bancada opositora denunció que el proyecto se basa en la hipótesis de que "la pandemia se termina el 31 de diciembre", que las partidas no alcanzan "para pagar jubilaciones y pensiones” y que no hay reducción de impuestos ni austeridad. Sin embargo, no votarán en contra: "No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, anunció Luciano Laspina (PRO).
Además, criticaron la gestión de las cuentas públicas, por el decreto 457/2020 que le quitó límites a la Jefatura de Gabinete en la reasignación de partidas, una decisión que en su momento calificaron como otorgamiento de "superpoderes".
"Manejan el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, casi todas las provincias, casi todos los medios, la CGT, los punteros barriales, los piqueteros, hasta al Papa manejan, y hoy van a tener presupuesto", dijo Fernando Iglesias (PRO), en su intervención. Y continuó: "Además, pueden cambiar lo que quieran con ese decreto indecente que le permite al jefe de Gabinete hacer lo que quiera con las partidas".
Para contar con los apoyos suficientes, el oficialismo sumó modificaciones hasta último momento en favor de las provincias aliadas. Entrada la noche, la incorporación de una zona aduanera especial en Misiones -propuesta que le permitió al oficialismo sellar el respaldo de los legisladores de esa provincia que integran el interbloque Unidad y Equidad Federal- fue el foco de una pelea interna en el Frente de Todos.
Los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge "Coqui" Capitanich (Chaco) pusieron el grito en el cielo por las desventajas competitivas que les generará ese beneficio tributario a su provincia vecina.
Con intermediación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, se llegó a un acuerdo para extender ese beneficio de promoción a las cuatro provincias del NEA, pero ese cambio despertó el reclamo de las demás regiones del país que denunciaron que eso desestabilizará todo el sistema intrafederal.
Finalmente, desde el Ministerio de Economía, Martín Guzmán terminó cerrando un articulado que deja la puerta abierta a que el Ejecutivo cree zonas aduaneras en distintas regiones pero sin especificar ninguna provincia. No conformes, los gobernadores siguieron presionando.
En el recinto esa medida también hizo ruido. “Si el criterio para crear una especie de paraíso fiscal, un free shop en Misiones es que para que haya desarrollo e inversión hay que bajar la carga tributaria, esa solución tiene que ser para todo el país, porque se va a generar un desequilibrio intrafederal”, se quejó el radical Gustavo Menna.
En el debate en comisión, el oficialismo ya había incorporado 40 artículos nuevos. Entre ellos, se aumentó de $ 13.500 millones a $20.500 millones la partida para subsidios al transporte en el interior, uno de los puntos más reclamados por las provincias por la diferencia que existe con el AMBA que recibe $65.000 millones en subsidios.
También se sumaron $ 4.000 millones a las partidas para las universidades y se incorporaron créditos para las distribuidoras eléctricas que no tengan deudas o tengan deudas "razonables" con CAMMESA.
Además, se incrementó el impuesto a los juegos de azar (será del 5% por cada apuesta digital); se dio aval para que el Gobierno le pague las deudas por coparticipación a Santa Fe y La Pampa; y se hicieron cambios en el Fondo al Tabaco para que las transferencias a las provincias sean automáticas.
