Tres comercios fueron clausurados por intentar cobrar una comisión a beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, informó hoy el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien advirtió que serán "implacables" con quienes apliquen recargos.
En diálogo con Radio 10, Arroyo indicó que "hay más de 220.000 tarjetas activadas" y sólo se denunciaron "tres casos de comercios que les quisieron cobrar comisión a los beneficiarios", y aclaró que esos comercios fueron "clausurados".
El ministro explicó que "en el marco del programa Argentina contra el Hambre, cuando se pone en marcha la Tarjeta Alimentar en los distritos, también se establecen fiscalías para que los beneficiarios puedan denunciar cualquier intento de abuso de comerciantes que quieran cobrar comisiones".
"Tenemos que ser implacables con quien pone comisiones, nadie tiene que cobrar comisión, y de hecho los comercios no tienen que hacer nada, porque es una tarjeta de débito que sirve para comprar alimentos", dijo Arroyo.
El ministro, quien esta mañana viajaba a Córdoba para poner en marcha el programa en esa provincia, indicó que se implementará en el 80 por ciento del territorio argentino, mientras que en el 20 por ciento restante, "la modalidad es otra porque no hay comercios para hacer las compras".
En efecto, en zonas rurales alejadas, "la tarjeta no tiene sentido", dijo, y agregó que en esos lugares trabajan "con módulos alimentarios", siendo "el lugar más importante la posta sanitaria".
"Se está armando un esquema de cajas de alimentos" para trabajar desde esos módulos, adelantó.
Arroyo se refirió específicamente a las zonas más alejadas de Salta, en donde fallecieron niños de origen wichi por desnutrición, y sostuvo que allí, además de la falta de acceso a alimentos, "el principal problema es el tema del agua, porque los chicos toman agua en mal estado, y por eso tienen diarrea, deshidratación y malnutrición".
"La acción directa para la comunidad wichi será entregarles agua envasada, pero en esa provincia se van a hacer pozos para que las familias tengan agua segura" aseveró el ministro, quien consideró la falta de acceso al agua como un "problema estructural".
