El fiscal del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, se opuso hoy a aplazar su inicio y la principal acusada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó que el caso pase a la justicia de esa provincia.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 deberá resolver en los próximos días los dos recursos presentados el viernes pasado a última hora por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi: el de suspender el inicio del juicio por la no conclusión de un peritaje y de enviar el caso a la provincia patagónica.
El tribunal a cargo del juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 26 de febrero, está integrado por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
En el pedido de enviar la causa a Santa Cruz, Beraldi sostuvo que la justicia de esa provincia "resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio".
En el mismo escrito, el letrado recordó que en Santa Cruz ya se sustanciaron otros expedientes en los que se investigan hechos similares a los que fueron analizados por la justicia federal porteña y que tiene en el foco al detenido empresario Lázaro Báez. "Los hechos investigados y juzgados en la provincia de Santa Cruz resultan idénticos a los que se encuentran descriptos en los requerimientos de elevación a juicio que dan origen a la intervención de este tribunal", sostuvo Beraldi.
El escrito de 40 páginas que presentó Beraldi ante el TOF 2 finaliza con el pedido de que "se declare la incompetencia de vuestro Tribunal para seguir interviniendo en este proceso y lo remita al juzgado Criminal de Instrucción número 3 de la Ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz", a cargo de la jueza Roxana Suárez.
La presentación del abogado de la senadora nacional por Unidad Ciudadana fue realizada en el marco de la causa elevada a juicio oral en la que se investiga la firma de 52 contratos de obra pública vial por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.
Por su parte, el fiscal Diego Luciani se manifestó en contra del pedido de postergación del inicio del juicio, aunque no concluyó aún la instrucción complementaria y se espera que en los próximos días se expidan la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera, querellantes en esta causa.
"El planteo solo trasluce disconformidad de la parte con el inicio del debate, pero no se basa en la existencia de verdaderas razones que den sustento a la afirmación de que se encuentra en jaque el debido proceso legal", sostuvo Luciani.
El fiscal consideró además que el planteo de aplazamiento del juicio es un intento de maniobra dilatoria y que la Argentina asumió el compromiso internacional, mediante distintos tratados, de acelerar los trámites de las causas de corrupción.
"El Estado Argentino se ha obligado ante la comunidad internacional a prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública", remarcó el fiscal.
"Se impone concretar los esfuerzos con el fin de realizar con la mayor celeridad posible un debido proceso a los efectos de dilucidar las responsabilidades que pudieren corresponder; dando asimismo una respuesta a la sociedad respecto de los gravísimos hechos que constituyen materia de imputación", sostuvo el fiscal.
Por otra parte, la titular de la OA, Laura Alonso, escribió hoy en su cuenta personal de Twitter que rechazará "todas las maniobras dilatorias de la defensa de CFK para que el juicio no se inicie el próximo 26 de febrero".
Fuente: Télam
