El Gobierno busca avanzar en la digitalización de los registros de las pensiones por invalidez, con el objetivo de agilizar y transparentar su otorgamiento y para ello depurarán el padrón de beneficiarios para detectar posibles fraudes de quienes no cumplen con los requisitos.
Luego del fallido intento de 2017 de hacer un recorte en la nómina de pensionados, ahora la gestión del presidente Mauricio Macri busca que sean los beneficiarios los que revaliden su pensión mediante un trámite online que le permita al Estado actualizar y controlar la información.
Por eso, en las próximas horas publicará una resolución con el objetivo de realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares y los datos de más de un millón de personas.
“No se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno”, aseguró una fuente de la Casa Rosada, según informa Clarín.
Luego de que en 2017 el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino ordenara una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo, el Gobierno dio marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.
Pero debido al gran crecimiento de pensiones por invalidez laboral otorgadas durante la década kirchnerista, cuando se pasó de unas 170 mil pensiones a más de un millón de beneficiarios, el tema se mantuvo siempre en agenda.
Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar, ya sea el beneficiario o su grupo familiar, con ingresos o recursos.
Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y desde marzo recibirán $7.287,25.
Ahora, el plan de transparencia por parte del Gobierno se dará de forma progresiva pero constante. Pero además, tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.
Al respecto, durante esta primera etapa de análisis, surgieron más de 10 mil casos de incompatibilidades, según confirmaron a Clarín desde la Agencia. “Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión”,informaron desde el organismo.
Cabe recordar que en 2017, un entrecruzamiento de datos permitió detectar unos 7 mil casos de beneficiarios que si bien habían muerto seguían recibiendo la pensión. Aunque en un porcentaje menor, desde la Agencia admiten que también se detectaron casos y que una vez agotadas todas las instancias administrativas de control y revisión, serán dados de baja.
Fuente: Clarín/ Radio Mitre
