El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en una causa que investiga supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto.
Los procesamientos se dictaron con prisión preventiva pero ambos empresarios seguirán en libertad porque la Cámara Federal porteña ya les otorgó la exención de prisión en el caso, según la resolución firmada hoy.
López y De Sousa quedaron procesados por presunta "defraudación contra la administración pública" con embargos de 141 millones de pesos.
Bonadio dispuso además el procesamiento sin prisión preventiva de otros nueve acusados en esta causa, entre ellos uno de los hijos de Cristóbal López, Cristóbal Nazareno López, con un embargo de cien millones de pesos.
"El hecho que se les imputa a los nombrados consiste en haber participado de la defraudación perpetrada en perjuicio del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017", se recordó en el fallo al que accedió Télam.
Los delitos se habrían cometido en el marco de la obra pública denominada “Optimización del Sistema Acueducto Regional Lago Musters – Comodoro
Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia y Provincias de Chubut y Santa Cruz” adjudicada a la firma C.P.C. S.A.
Bonadio sostuvo que entre 2009 y 2015, la empresa Inversora M&S Sa -anteriormente Oil Minerals SA- "resultaba ser una de las accionistas mayoritarias de la empresa CPC S.A"
"Así las cosas, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa fueron presidente y vicepresidente respectivamente de la firma Inversora
M&S S.A. (principal empresa del Grupo INDALO), así como también los prenombrados eran personalmente titulares de acciones", fundamentó el juez.
Esta investigación se abrió a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción hecha en 2017 por supuestas irregularidades en obras para un acueducto entre Chubut y Santa Cruz.
La denuncia se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación referido a supuestas irregularidades para beneficiar a una determinada empresa. En la causa se investiga a la firma CPC SA, del grupo Indalo.
Entre los procesados está el hermano de Fabián De Sousa, Osvaldo Manuel De Sousa.
Entre los delitos por los que están acusados el juez enumeró presuntos "actos infieles" como el pago a CPC de 13.141.942,06 pesos por obras incompletas que el ENHOSA certificó como culminadas.
Además se les atribuyó una supuesta infracción a la ley de obras públicas 13.064 porque el proyecto original se modifició en un 87,25 por ciento "superando así el límite legal previsto en la ley".
Además se sostuvo que ENOHSA "emitió pagos a la firma CPC" por 21.797.311,72 pesos por "materiales y equipamiento acopiado en obra sin sus respectivos certificados de acopio".
López y De Sousa estuvieron detenidos en la causa por el no pago a los combustibles líquidos en su petrolera Oil Combustibles y en la de los cuadernos de la corrupción, pero ya fueron excarcelados en ambas.
En esta investigación por el Acueducto sus defensas habían pedido la exención de prisión, Bonadio la rechazó pero la sala I de la Cámara Federal porteña se las otorgó.
También quedaron procesados sin preventiva los al momento de los hechos administrador del ENOHSA, Lucio Tamburo; su asesora jurídica Gabriela Tamame,
el gerente técnico Sergio Benet, el inspector de la obra Ricardo Williams, el apoderado de CPC Gustavo Dalla Tea, el representante técnico de esa firma Luis María Cenoz y el accionista Raúl Zamora.