La fiscal Patricia Ochoa imputó este jueves al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por la resolución que obliga a usuarios a pagar un adicional a fin de compensar a distribuidoras por la devaluación y pidió a la jueza que dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público formalizó una imputación contra Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De este modo, avanza en la Justicia la causa iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan y que quedó radicada en el Juzgado Federal de María Romilda Servini de Cubría, quien delegó en Ochoa la investigación.
La causa se originó a partir de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1 enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos devaluación del peso, que generó una fuerte polémica y la reacción de la oposición y de entidades de usuarios.
El Gobierno se comprometió a dejar sin efecto la resolución y anunció que el Estado se hará cargo de la deuda originada por la devaluación producida entre abril y septiembre pasado.