Medio Ambiente

Gualeguaychú: la pastera UPM reanudó sus actividades y volvieron los olores nauseabundos

“Informamos a la comunidad, que durante el reinicio de las operaciones se pueden llegar a generar olores en las inmediaciones de la planta", dijo la empresa en un comunicado. Crece el malestar de la comunidad de Gualeguaychú.
miércoles, 26 de agosto de 2015 10:31
miércoles, 26 de agosto de 2015 10:31

UPM anunció, a través de un comunicado en su sitio web, que la empresa retomó sus actividades tras finalizar las tareas de mantenimiento.  "Informamos a la comunidad, que durante el reinicio de las operaciones se pueden llegar a generar olores en las inmediaciones de la planta, que en ningún caso afectan la salud de las personas”, aseguró la empresa.

 

El periodista Nahuel Maciel del Diario El Argentino que la comunidad de Gualeguaychú vive hace once largos años una diaria agresión con la presencia del proyecto Orion, más conocido como la pastera contaminante UPM (ex Botnia). Pero también, desde hace cinco años acusa otra artera agresión por parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), que lejos de implementar un monitoreo, fijar pautas o linea-mientos para la defensa del ambiente, contribuye con su pasividad a uno de los ecocidios y saqueos de bienes naturales más importantes de la región.

 

Así, tanto UPM como la Caru ejercen una actitud de asociatividad, cuya consecuencia inmediata es la agresión de los vecinos ribereños. En estos días el tema volvió a tener actualidad (siempre estuvo vigente por parte de la sociedad) a raíz de la percepción de olores nauseabundos provenientes de la pastera, aunque por el momento ninguna autoridad de salud pública (sobre éste y todos los demás episodios) salió a aclarar a la comunidad cuál es la calidad del aire que se respira. Lo que sí se sabe, por la experimentación de varios vecinos, es que esto genera irritación en las vías respiratorias, en la vista, además de causar náuseas e incluso vómitos, entre otros males, tal como se han comprobado cada vez que se está ante una situación semejante. Y que hasta la llegada de UPM Botnia nunca se habían percibido.

 

En este contexto, es oportuno recordar el acuerdo entre Argentina y Uruguay, que se celebró el lunes 30 de agosto de 2010, luego del intercambio de notas reversales directivas para el monitoreo conjunto de UPM Botnia y el río Uruguay.

Allí se estableció de manera textual que: "El objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el Río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”.

Y el canciller argentino, Héctor Timerman, con su par de entonces de la República Oriental del Uruguay, Luis Almagro Lemes, firmaron en el Palacio Santos de Montevideo, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que "la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos”. Cinco años después de esa aseveración, está claro que la ausencia de información es una de las agresiones más evidentes del organismo binacional.

El antecedente institucional que tuvo este acuerdo remite a la sentencia del 20 de abril de 2010 por parte de la Corte Internacional de Justicia cuando abordó el "caso de las plantas de celulosas sobre el río Uruguay”, y las instrucciones presidenciales impartidas el 2 de junio de 2010 en Anchorena, Uruguay; y el 28 de julio en Olivos, Argentina.

Es más, en aquella oportunidad se aseguró (hace cinco años atrás) que las "delegaciones de Argentina y Uruguay han acordado las directivas que a continuación se desarrollan para la constitución y funcionamiento del Comité Científico creado en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) por el Acuerdo Presidencial de Olivos mencionado precedentemente con el fin de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia”. Nada de esto se ha hecho… y el no haberlo hecho constituye otra acción violenta contra la defensa del ambiente y la salud de la población ribereña.

En ese acuerdo se estableció que el Comité Científico, que depende de la pasiva Caru, estará integrado por cuatro personas (dos por cada país). "En todos los casos los resultados y conclusiones obtenidos por el Comité Científico serán elevados por éste a la Caru, la cual a su vez los trasladará al Estado parte correspondiente a los fines de que implemente las acciones que resulten pertinentes”. De esto nada se ha informado; nada se sabe que se ha hecho, a pesar de haber pasado cinco años de su articulación.
"Sobre la base de los resultados de los seguimientos a realizar, el Comité Científico podrá proponer a la Caru, o a través de ésta al Estado parte que corresponda, medidas adicionales a las ya dispuestas para la prevención de la contaminación en el río Uruguay”. De esto tampoco se ha informado, a pesar del paso del tiempo. Otra agresión más, que tiene –a esta altura de los acontecimientos- como consecuencia darle a la pastera un blindaje para que continúe contaminando.

También se sostiene en ese documento que "el objetivo común de estos monitoreos es poder alertar en forma temprana en caso de apartamientos de las normativas que sean de aplicación, ya sea en las condiciones de los efluentes o en las resultantes en el río Uruguay, a fin de que las Autoridades Competentes adopten las medidas pertinentes”. Tampoco nada de esto se ha hecho.

Si bien todas estas "promesas” incumplidas son graves, tal vez la que más conmoción causa es la que sostiene que "la información que se obtenga de este monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos” y que fue rubricada por ambos cancilleres.

Fuente: El Argentino

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