El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, dispuso la cesantía de agentes de la policía y sanciones a retirados por incidentes registrados una semana atrás cuando se reunieron en la localidad de Villa María en un intento por iniciar el proceso de sindicalización.
La medida, dispuesta el jueves, afectó a 23 hombres vinculados al área seguridad, entre ellos once policías activos, once retirados y otro retirado del Servicio Penitenciario. De la Sota aplicó la nueva ley Antimotines, la 10.187, para ordenar la "cesantía y separación de la Fuerza" del personal que "el sábado 28 de junio, en la ciudad de Villa María, incurrió en conductas de insubordinación e indisciplina".
En ese marco, aseguró, avalaron "agresiones físicas y descalificaciones verbales hacia los superiores que se apersonaron en el lugar".
Y, apuntó que esas "inconductas son consideradas una falta gravísima ya que importan el quebrantamiento voluntario y deliberado de la sujeción al mando de las autoridades de la fuerza y al régimen jurídico y disciplinario". Ante ello, De la Sota dispuso "la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución del personal que participó de estos actos de indisciplina".
Asimismo, indicó que los retirados que participaron del encuentro dejaban "de pertenecer a la fuerza y perderá todos los derechos que las leyes y decretos reglamentarios le otorgan, con excepción de los derechos previsionales y asistenciales".
La medida del mandatario generó cierto malestar entre los sancionados que cuestionaron la decisión "expres" del gobierno para resolver esta cuestión, dijeron algunos voceros al diario La Voz y que pidieron reserva de su identidad.
Fuente: La Prensa
